Evitar el colapso total de los juzgados y tribunales cuando termine el estado de Alarma pasa por usar de forma mucho más intensiva todos los medios tecnológicos en la relación entre la Justicia y las Administraciones Públicas y de todos ellos con abogados y procuradores.
En un nuevo esfuerzo por contribuir a agilizar la prestación de la administración de Justicia cuando el Gobierno ponga fin a la actual situación excepcional, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha remitido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial tres nuevos documentos de propuestas. Los tres son una vez más fruto de un abundante trabajo de colaboración y de las aportaciones de Consejos Autonómicos, Colegios y asociaciones.
Entre las medidas de corte tecnológico que reclama la Abogacía para el periodo inmediatamente posterior a la Alarma se contempla el acceso de los propios letrados al expediente judicial electrónico y la autorización para que las declaraciones de testigos y peritos puedan realizarse por vía electrónica siempre que exista conformidad entre las partes. Todas ellas están orientadas a reducir la movilidad social y, sobre todo, a agilizar los procedimientos. También se solicita el acceso electrónico a documentación de carácter mercantil y la agilización de las comunicaciones electrónicas con distintos Organismos Públicos.
Un calendario de recuperación de los juicios
En la misma línea está pensada la propuesta de que los juzgados y tribunales comiencen ya a trabajar en un calendario de recuperación de los juicios y señalamientos pendientes, ampliando el horario a las tardes y a los sábados por la mañana. La Abogacía cree que ese calendario debería comenzar por las vistas que ya estaban programadas y que fueron suspendidas tras la declaración del estado de Alarma.
Asimismo, se considera que serviría notablemente para mejorar el rendimiento de los juzgados un importante refuerzo de jueces y funcionarios, así como la concentración de las vacaciones estivales durante el mes de agosto. Se entiende que, de esta forma, tribunales y juzgados podrían funcionar a pleno rendimiento el resto de meses.
También existe preocupación en la Abogacía por el hecho de que la finalización del periodo excepcional pueda pillar a más de uno con los plazos procesales al límite, por lo que se propone un lapso de 10 días libres de plazos para que todos puedan ponerse al día.
Todas esas propuestas pueden formar parte del decreto ley en el que está trabajando el Ministerio de Justicia con el fin de que la salida del estado de Alarma sea lo más rápida posible. El departamento que dirige el ministro Juan Carlos Campo pretende no sólo recuperar el funcionamiento ordinario de la Justicia, sino agilizar todo el retraso acumulado durante los alrededor de dos meses que por ahora se sabe que durarán las limitaciones que tienen paralizados los plazos procesales.
