La Agencia Tributaria incoó 1.838 expedientes sancionadores por valor de 656 millones de euros a grandes contribuyentes durante el año 2013, sin contar en este cómputo los expedientes por delitos contra la Hacienda Pública. Así lo asegura el Gobierno en respuesta el diputado socialista Sebastián Franquis, quien preguntó por escrito por el número y cuantía de las sanciones impuestas a grandes contribuyentes el año pasado, por los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y por el número de expedientes sancionadores a grandes contribuyentes que vieron rebajada la sanción inicial propuesta por los inspectores, todo ello en el ámbito de Canarias.
En su respuesta, el Ejecutivo recuerda al diputado canario que los grandes contribuyentes están adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, cuyas competencias son de ámbito nacional "con independencia del domicilio fiscal de los obligados tributarios y de los lugares donde ejerzan actividades económicas".
Por eso no desagrega la información por comunidades autónomas, sino que señala que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes abrió 1.838 expedientes sancionadores por una cuantía de 656 millones de euros en todo el país durante el pasado ejercicio, incluyendo los expedientes de las áreas de Gestión e Inspección Financiera y Tributaria pero dejando fuera los de delito contra la Hacienda Pública.
El Gobierno no incluye sin embargo información sobre cuántas multas se vieron reducidas con respecto a la propuesta inicial de los inspectores, y se limita a recordar que la normativa vigente diferencia entre el órgano instructor del expediente y el sancionador, que puede "rectificar la propuesta" si concurren ciertas circunstancias recogidas en el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. Asimismo, subraya que también el órgano sancionador está compuesto por funcionarios.