EP
La comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo pidió ayer la creación de un registro obligatorio de los lobbies y grupos de interés que actúan ante las instituciones de la UE con el objetivo de aumentar la transparencia en la toma de decisiones. Los eurodiputados reclaman además que los 'lobistas' respeten un código de conducta y sean sancionados si lo vulneran.
En estos momentos se calcula que hay unos 15.000 miembros de grupos de interés y 2.500 organizaciones que los reúnen en Bruselas, según los datos de la Eurocámara. Contando los pases de visitantes permanentes y los pases 'express', hay aproximadamente 5.000 miembros de grupos de interés que ejercen sus actividades en el Parlamento Europeo.
La comisión de Asuntos Constitucionales reclamó crear un registro público obligatorio de estos grupos de interés, alejándose así de la propuesta inicial de la Comisión, que defendía que este registro fuera voluntario. Para poner en marcha este registro, los parlamentarios propusieron crear un grupo de trabajo conjunto entre las tres instituciones –Eurocámara, Comisión y Consejo– cuyo objetivo debe ser presentar el plan definitivo a finales de 2008.
De acuerdo con la propuesta del Parlamento, los lobistas deberán respetar un código de conducta. Aquellos que no lo cumplan serán sancionados y expulsados del registro. En particular, los eurodiputados quieren que el registro obligue a revelar los intereses financieros de los lobbies.
Las consultoras profesionales y las firmas de abogados en general tendrán que revelar el peso relativo de sus principales clientes y los costes asociados con las actividades como grupo de presión. Y las ONG y los 'think-thanks' deberán hacer públicos sus presupuestos globales y principales fuentes de financiación.
En estos momentos se calcula que hay unos 15.000 miembros de grupos de interés y 2.500 organizaciones que los reúnen en Bruselas, según los datos de la Eurocámara. Contando los pases de visitantes permanentes y los pases 'express', hay aproximadamente 5.000 miembros de grupos de interés que ejercen sus actividades en el Parlamento Europeo.
La comisión de Asuntos Constitucionales reclamó crear un registro público obligatorio de estos grupos de interés, alejándose así de la propuesta inicial de la Comisión, que defendía que este registro fuera voluntario. Para poner en marcha este registro, los parlamentarios propusieron crear un grupo de trabajo conjunto entre las tres instituciones –Eurocámara, Comisión y Consejo– cuyo objetivo debe ser presentar el plan definitivo a finales de 2008.
De acuerdo con la propuesta del Parlamento, los lobistas deberán respetar un código de conducta. Aquellos que no lo cumplan serán sancionados y expulsados del registro. En particular, los eurodiputados quieren que el registro obligue a revelar los intereses financieros de los lobbies.
Las consultoras profesionales y las firmas de abogados en general tendrán que revelar el peso relativo de sus principales clientes y los costes asociados con las actividades como grupo de presión. Y las ONG y los 'think-thanks' deberán hacer públicos sus presupuestos globales y principales fuentes de financiación.