- El 84% de los letrados se opone a la medida y la mitad de los encuestados califica la Ley 1/2025 con un cero en sus primeros meses de aplicación
La Ley 1/2025 de Eficiencia Procesal, que impone la exigencia de acreditar un intento de acuerdo extrajudicial (MASC) como requisito de procedibilidad antes de presentar una demanda, no está logrando los efectos deseados. Así lo constata el primer estudio exhaustivo realizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el impacto real de la normativa en sus primeros meses de vigencia. Los resultados, basados en una encuesta a más de 1.100 profesionales, revelan un rechazo generalizado a la medida, que la abogacía califica de nula eficacia real y generadora de inseguridad jurídica.
El sondeo del ICAM arroja un dato demoledor: el 84% de los encuestados valora negativamente la implantación obligatoria de los MASC. Esta desconfianza se traduce en una valoración global bajísima, con más de la mitad de los profesionales otorgando una nota de 0 sobre 10 a la ley, y una media que apenas alcanza el 1,6. Este veredicto, transversal a todos los perfiles profesionales de la abogacía madrileña, desde el Turno de Oficio hasta grandes despachos, pone de manifiesto la frustración ante una ley que no convence.
Lejos de aliviar las cargas procesales y reducir la litigiosidad, el estudio desvela que solo el 10% de los intentos de resolución anticipada del conflicto culmina con un acuerdo. En la práctica, esto implica que el 90% restante convierte la fase previa obligatoria en una carga procesal añadida y estéril sin efectos reales de desjudicialización. Los datos cuestionan así la utilidad de imponer formalmente la negociación si no se acompaña de una estructura reforzada de medios, plantillas y, sobre todo, resultados.
Más retrasos y obstáculos
La percepción mayoritaria es que los nuevos trámites han introducido más trabas que soluciones. El 90% de los profesionales considera que los requisitos de procedibilidad ralentizan los procedimientos, frente a un escaso 4,3% que ha percibido mayor agilidad. Además, uno de cada dos abogados afirma haber tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado, lo que en múltiples ocasiones ha supuesto la inadmisión de demandas, dificultando el acceso a los tribunales.
Uno de los puntos de fricción más críticos es la diversidad de criterios judiciales. El 71% de los letrados considera que la Ley se interpreta de forma muy dispar, mientras que solo un 4% percibe uniformidad. Esta fragmentación genera una profunda inseguridad jurídica y expone a los profesionales a una «ruleta procesal» donde la admisión o inadmisión de una demanda puede depender del criterio particular de cada juzgado, minando la confianza en el sistema.
A la hora de cumplir el requisito de la ley, la abogacía se decanta por fórmulas ya consolidadas y de bajo coste: la oferta vinculante (44%) y la negociación directa (34,5%). En cambio, los medios considerados más sofisticados, como la mediación (8,2%) o la conciliación (10,6%), siguen teniendo una implantación residual. Este patrón indica que el sistema no ha logrado un cambio cultural profundo, apoyándose en herramientas preexistentes y sin incentivar el uso de vías especializadas.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha sido claro: «La abogacía madrileña no está en contra de los MASC ni de la modernización de la Justicia. Lo que decimos, con este estudio en la mano, es que la eficacia no se decreta por ley». El Colegio utilizará este diagnóstico como base para reclamar ajustes normativos, criterios claros y homogéneos, y evitar que la obligatoriedad de los MASC se convierta en una barrera de entrada a los tribunales, especialmente para quienes tienen menos medios.
Para paliar las disfunciones detectadas, el ICAM intensificará su apoyo técnico a los colegiados, desarrollando guías, modelos homologados y formación práctica para proteger a los profesionales ante la inseguridad jurídica. En paralelo, mantendrá un seguimiento periódico de la aplicación de la ley. Pese a las críticas al sistema, el estudio sí revela un dato positivo en el ámbito institucional: un 70% de los encuestados conoce el departamento mediaICAM, lo que avala la labor del Colegio en la difusión de estos recursos como referencia en Madrid.
