- Las asociaciones CNLAJ y UPSJ denuncian la falta de planificación, medios y personal para poner en marcha la Fase III del nuevo modelo judicial
A siete semanas de la puesta en marcha de la Fase III del Tribunal de Instancia, los letrados judiciales advierten de que el sistema “no está preparado”. En un comunicado conjunto, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) denuncian que la implantación prevista para enero carece de las condiciones mínimas para garantizar un funcionamiento eficaz y con seguridad jurídica.
Entre las deficiencias detectadas, destacan la ausencia de un proceso de acoplamiento efectivo para los letrados y funcionarios, la falta de nombramientos en los cargos directivos y la inexistencia de una resolución definitiva que regule las normas de adscripción. Las asociaciones subrayan que esta situación deja a cientos de profesionales sin saber qué funciones tendrán ni en qué condiciones ejercerán sus puestos.
Asimismo, denuncian que no se han aprobado los protocolos de organización de las nuevas oficinas judiciales ni los desarrollos tecnológicos necesarios para hacerlas operativas. Tampoco se ha completado la adaptación de los sistemas de gestión procesal, ni se han garantizado los accesos a las herramientas del Ministerio y de las comunidades autónomas.
En el ámbito formativo, las asociaciones insisten en que no se ha impartido la capacitación necesaria para afrontar los nuevos procedimientos. A esta carencia se suma la falta de inversiones materiales y de espacios adecuados, lo que, a su juicio, pone en riesgo el correcto desarrollo del servicio público.
CNLAJ y UPSJ consideran que la improvisación y la falta de coordinación institucional amenazan con reproducir los problemas ya detectados en las fases anteriores de implantación del modelo. En este caso, el impacto sería mayor, dado que la Fase III abarca los partidos judiciales de mayor tamaño, con una elevada carga de trabajo y una población mucho más amplia.
Por ello, ambas organizaciones reclaman al Ministerio de Justicia que aplace la entrada en vigor del nuevo modelo al menos seis meses, haciendo uso del instrumento previsto en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025. Solo así, concluyen, podrá garantizarse una transición ordenada, con criterios de eficacia, seguridad y respeto a los derechos de los profesionales y de los ciudadanos.
