La Comisión de Gobierno para Asuntos Económicos de la Generalitat abrió
un expediente a Fecsa al considerar que la compañía pudo ser responsable
de la interrupción del suministro eléctrico a causa del "defectuoso
funcionamiento" de las líneas de media y baja tensión, por lo que
impuso a Fecsa una multa que ascendió a 1,2 millones de euros.
La eléctrica recurrió la sanción ante el TSJC pero, en enero de 2005, la Sala
Contencioso-Administrativa desestimó el recurso y confirmó la
multa al entender que 111 instalaciones de red de distribución de baja tensión
se averiaron por sobrecarga porque "no estaban preparadas para afrontar
un consumo de punta normal en invierno".
El Tribunal Supremo en esta resolución ratifica la sentencia de instancia.