- “Cuando un menor necesita una medida urgente para garantizar su alimentación, su vivienda o su relación con ambos progenitores, no podemos obligar a una negociación previa”, incidió Lola López-Muelas en la Comisión de Justicia
La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), Lola López-Muelas Vicente, ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Senado para manifestar que la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia está favoreciendo a los padres y madres “incumplidores” que buscan que los procesos judiciales se “retrasen” en el tiempo.
La obligatoriedad de acreditar un intento de negociación extrajudicial antes de interponer la demanda a través de un MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), afecta a la protección de los hijos, que quedan durante semanas o meses sin respuesta judicial a necesidades básicas.
“Cuando un menor necesita una medida urgente para garantizar su alimentación, su vivienda o su relación con ambos progenitores, no podemos obligar a sus padres a sentarse a negociar primero. Sobre todo, cuando hablamos de procesos con alta conflictividad entre adultos, porque no se va a llegar absolutamente a nada solo a demorar la interposición de la demanda”, incidió la presidenta de la AEAFA.
“La negociación es valiosa. La negociación es útil. Pero la negociación obligatoria es otra cosa, sobre todo, en procesos con posiciones enconadas. En estas situaciones, el recurso de procedibilidad establecido en la Ley 1/2025 solo favorece al incumplidor, al que quiere que el procedimiento se retrase en el tiempo. Y lo está consiguiendo. ¿Cuántos procedimientos se encuentran actualmente bloqueados sin poder acceder a la Justicia?”, enfatizó Lola López-Muelas Vicente.
“Entendemos que el propósito de la norma es crear una justicia más humana, más sostenible. Y nosotros, desde la abogacía especializada en Familia, compartimos ese espíritu. Pero no podemos ser ingenuos. En determinados asuntos, como los que he citado, debemos actuar con mucha cautela y diligencia porque, de lo contrario, estamos favoreciendo al desleal. ¿Eso es lo que queremos? ¿Vamos a permitir que personas con una conducta reprobable se refugien en esta Ley para incumplir sus obligaciones?”, incidió.
Más de 300.000 niños afectados
La presidenta de la AEAFA recalcó que cada año, nuestro país registra más de 40.000 divorcios con hijos y hay 300.000 menores afectados por procesos judiciales relacionados con el Derecho de Familia. Desde el pasado mes de abril, esos menores y sus familias están atrapados en un mecanismo que, en lugar de ayudarles, les está dejando atrás. “La obligación de acudir a un MASC antes de interponer una demanda está provocando graves consecuencias: Menores que pierden su plaza escolar porque sus padres no pueden obtener autorización a tiempo; viajes, terapias, tratamientos médicos no urgentes que no pueden realizarse por falta de una resolución; visitas de los padres suspendidas, pensiones de alimentos sin fijar, custodias sin resolver durante meses; y, en casos transfronterizos, España perdiendo competencia jurisdiccional simplemente porque uno de los miembros de la pareja tuvo que esperar a cumplir un trámite previo obligatorio en nuestro país. Lo cual aprovecha el contrario para interponer demanda”, señaló Lola López-Muelas.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia, la presidenta de la AEAFA invitó a los senadores a dejar a un lado las batallas políticas. “Hoy vengo a pedirles algo que no es ideológico, no es polémico, no es partidista. Les pedimos algo urgente, sensato y profundamente humano: que se elimine el requisito de procedibilidad en todos los procesos de Familia que afecten a niños, niñas y adolescentes. Estamos convencidos de que, al imponer los MASC, la intención del legislador no fue en ningún caso generar perjuicios. Sin embargo, la realidad nos ha puesto frente al espejo. Tras siete meses de su entrada en vigor, hemos detectado disfunciones que, como abogados especializados en Derecho de Familia, tenemos el deber y la obligación de trasladarles”, dijo.
La AEAFA y la abogacía especializada en Familia siempre ha defendido el acuerdo, la mediación, la negociación. De hecho, el 80% de los divorcios en España se resuelven de mutuo acuerdo. “Y eso ocurre gracias al esfuerzo de miles de profesionales especializados: abogados implicados en lograr el mejor acuerdo para la familia”, manifestó López-Muelas. “Sin embargo, la obligación de pasar por un intento extrajudicial de negociación como condición para presentar una demanda en asuntos que afectan a menores está generando consecuencias graves. Muy graves, diría yo. Hablamos de retrasos. Hablamos de inseguridad jurídica. Y hablamos, señorías, de niños y niñas que están quedando desprotegidos”, añadió.
Tras siete meses de aplicación de la nueva normativa se han detectado en la práctica diversas situaciones que aconsejan de forma urgente introducir algunas modificaciones tanto en la propia Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, como en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para proteger, especialmente, el interés de los menores que se ven inmersos en los conflictos de sus progenitores.
“Señorías, España se mide por cómo trata a sus niños. Y un país que retrasa su protección, que pone trabas administrativas a su bienestar, que deja que procedimientos obligatorios desplacen su interés superior… es un país que puede y debe hacerlo mejor. Hoy les pedimos que lo hagan mejor. Por justicia. Por coherencia. Por humanidad. Y porque cada menor en España merece algo que ninguna ley puede retrasar: una respuesta rápida, una respuesta justa y una respuesta que ponga su interés por encima de cualquier trámite”, recalcó.
Durante la Comisión de Justicia también compareció la vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Isabel Winkels Arce, quien recordó los datos del estudio elaborado por el ICAM según el cual, el 84 % de los abogados madrileños valora negativamente la implantación de los MASC. Además, solo el 10 % de los intentos de resolución anticipada del conflicto ha terminado con acuerdo, según los datos recabados.
