El presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, explicó ayer que "intentarán aplicar medidas internas" para "minimizar el impacto" de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el control de legalidad de los notarios y suprimió el Archivo de Revocación de Poderes, entre otras competencias, hasta que el Gobierno apruebe las medidas legislativas que regularán sus competencias.
"La sentencia ha supuesto un parón, esperemos que momentáneo, en la modernización de la función notarial", afirmó Marqueño, quien aseguró que el Consejo "acatará el fallo" y comenzará a estudiar si recurre el dictamen ante el tribunal Constitucional.
La sentencia, dictada el pasado 20 de mayo, anuló total o parcialmente 23 artículos del Reglamento Notarial, aprobado por el Real Decreto 45/2007, por falta de cobertura legal al no tener rango de Ley. El Supremo estimó parcialmente el recurso presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y de Bienes Muebles de España contra el reglamento.
El presidente de los notarios agradeció la "urgencia" adoptada por el Gobierno, que tras conocer el fallo del Alto Tribunal anunció, a través del Ministerio de Justicia, su intención de impulsar las reformas legales necesarias con el objetivo de subsanar las deficiencias detectadas, cuyos grandes perjudicados son "los ciudadanos".
Sobre el contenido de la sentencia, Marqueño destacó la anulación de los artículos 70 y 71 que regulaban el control de legalidad. "Lo más preocupante es que el notario no podrá negar su actuación cuando crea que la firma no se ajusta a la legalidad", explicó.
Los notarios recordaron que el artículo 24 del Reglamento del Notario, no anulado, establece que los notarios como funcionarios públicos "no cumplen sólo con la formalidad sino que deben comprobar que las personas cumplen con la legalidad". Marqueño indicó que la sentencia provoca que "cualquier documento por la barbaridad que diga tendrá que ser elevado a escritura pública".
En cuanto a la restricción del acceso de los notarios al Archivo de Revocación de Poderes, que figuraba en el artículo 84, Marqueño mostró su preocupación y explicó que a partir de ahora no podrán "comprobar si una persona tiene revocado un poder o no antes de aceptar una operación".
MENOS COLABORACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
"Se descafeína la colaboración del notario en la lucha contra el fraude y supone una fuente de litigios", afirmó. Marqueño explicó que la sentencia retrasa la colaboración de los notarios contra este tipo de delitos y destacó que lo importante "no es que repriman sino que no se produzcan". Asimismo, alertó de la posible creación de una "apariencia legal" que provocará que los actos de blanqueo "sean mayores".
Además, el presidente de los notarios mencionó la anulación del sistema de regulación de actas que pretendía aliviar la labor de los tribunales y la supresión de la obligación de consultar el catastro antes de aceptar la compra-venta de un inmueble.
Marqueño criticó la "actividad obstruccionista" adoptada por los registradores de la propiedad, cuya "parte más retrógrada" piensa que el notario "nunca ha ejercido el control de legalidad". El presidente del Consejo notarial rechazó "la lucha" entre los dos sectores en favor "de la sociedad y el ciudadano" y recordó que desde que se aprobara la Ley de Reformas para el Impulso de la Productividad en 2001 "todavía no se han conectado las bases de datos".
