La autora les invita a conocer los cambios que introduce el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería
La sociedad cambia, la Ley de Extranjería, mucho más.
Está en marcha, desde el pasado mes de diciembre, el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Un parche más en la legislación referente a esta materia, que sufre la disgregación de su normativa e incesantes e interminables modificaciones.
Poniendo al mal tiempo buena cara, viendo los tiempos que corren, me centraré en lo positivo -poco- que encuentro en esta reforma. Entre las modificaciones que se proponen se encuentran los principios básicos que ya están establecidos en la legislación actual: la igualdad entre hombres y mujeres, la coordinación con políticas de la Unión Europea, la no discriminación para los extranjeros que trabajen legalmente en España, la colaboración con los países de origen para controlar los flujos migratorios y luchar contra el tráfico de seres humanos, y la integración social, que pasa por una igualdad laboral y de Seguridad Social.
Las nuevas políticas que introducirá la Ley, si este anteproyecto ve finalmente la luz, tienen un marcado carácter social. Ciertos derechos se amplían y darán a la integración un carácter más real. Por ejemplo, la Administración estará obligada por Ley a desarrollar medidas específicas que favorezcan el aprendizaje del castellano y el conocimiento sobre los valores constitucionales, asumiendo que sin manejar el idioma que se utiliza en el lugar de residencia, es inviable desarrollar una vida plena.
Por otra parte, los extranjeros votarán por primera vez en las elecciones municipales, si bien la Ley, como es típico en esta materia, no especifica la situación administrativa en la que se deben encuadrar para ser titulares del derecho al sufragio: residentes, residentes regulares, residentes de larga duración, etc. Es un dato que no se conocerá, presumiblemente, hasta llegar a las vísperas del momento electoral.
Ciertos extranjeros pasan a ser ciudadanos de primera, de nuevo con el reconocimiento de sus derechos a seguir estudiando a partir de los 18 años y sin estar obligados a trabajar para conservar su "legalidad" en España. Con esta reforma se amplía el derecho a la educación y se contempla la obtención de títulos y becas superiores, en igualdad de condiciones con los españoles. Además, podrán optar a las oposiciones de funcionario público sin necesidad de contrataciones privadas para ocupar puestos de la Administración.
Integración también para los trabajadores extranjeros, que podrán ejercer su derecho a huelga, y no sólo los que cuenten con autorización de trabajo, sino todos los que trabajen, independientemente de si su situación administrativa es regular o no, de si "tienen papeles" o no los tienen.
Y, por último, se acuña un nuevo término: extranjeros de larga duración. A mí me suena a pilas alcalinas… Estos nuevos extranjeros (aún no sabemos de quiénes se está hablando), tendrán derecho a las ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles. Debe de ser que "la duración" es lo que se valora en materia de extranjería.
El resto de las posibles-futuras-probables modificaciones objeto de negociación no serán tan favorecedoras para las personas no españolas que viven actualmente en nuestro país.
La nueva reforma ya está en camino. Ojala se efectúen todas las paradas necesarias antes de que llegue a su destino final, y se modifique, inevitablemente una vez más, pero con justicia y, sobre todo, con sentido de la realidad.
