La autora afirma que la abogacía, como todo ejercicio profesional, no puede ni debe quedarse al margen de los avances en la búsqueda del equilibrio entre la práctica familiar y la vida familiar.
La mejora de nuestros niveles de competitividad -directamente vinculados con los de formación, motivación y creatividad de las personas-, junto con la necesidad de compatibilizar desarrollo y sostenibilidad, se han convertido en una verdadera prioridad si queremos mantener las cotas de bienestar alcanzadas.
Apostar por un desarrollo personal también "sostenible" que permita conciliar equilibradamente la vertiente profesional y laboral con la personal y familiar, es una tendencia imparable cada vez más generalizada, que afecta directa e irremediablemente a los sistemas de trabajo en las empresas y organizaciones así como al ejercicio profesional. Las profesiones jurídicas, y entre ellas la abogacía, no pueden ni deben quedar al margen de estos planteamientos y debates.
El colectivo de abogados y abogadas es muy diverso en sus funciones y situación laboral o profesional, por lo que hablar de la búsqueda del adecuado equilibrio entre el desempeño profesional y la vida personal de quienes ejercemos la abogacía es referirse a múltiples y muy variadas realidades: algunas con características comunes o similares a las de otras muchas profesiones o relaciones laborales, y otras con aspectos claramente diferenciados y específicos de nuestra carrera.
Para quienes desarrollan su vida laboral integrados en una empresa o en una firma profesional o pertenecen a la administración pública, la problemática sobre conciliación de la vida profesional y personal dependerá más de los tipos de empresa, organización y actividad de que se trate, y los avances estarán vinculados a las iniciativas que se desarrollen en los diferentes sectores empresariales o en el seno de las administraciones públicas.
El denominado "ejercicio libre de la profesión" si plantea, en cambio, una problemática especial y diferenciada, derivada, principalmente, de dos circunstancias: el régimen de cobertura y prestaciones elegido y la actuación ante los Tribunales de Justicia.
Así, la afiliación a la Mutualidad de la Abogacía como alternativa a la Seguridad Social agrava los problemas de conciliación ya que en dicho sistema ni siquiera se establecen las coberturas mínimas contempladas en el RETA para el nacimiento de hijos/as.
El ejercicio de la abogacía ante los Tribunales de Justicia genera sin duda especiales dificultades para conjugar las necesidades y exigencias personales y familiares con los rígidos e inamovibles plazos de las actuaciones judiciales. Hasta ahora sólo ha habido un tímido y muy mínimo avance en este sentido, además geográficamente limitado a Cataluña, que se circunscribe a la posibilidad para las letradas de suspender el señalamiento de vistas durante los cuatro meses posteriores al parto, lo que no deja de ser una raquítica solución ya que ni siquiera se extiende al resto de actuaciones jurisdiccionales y plazos de los procedimientos.
Debemos abordar estas cuestiones sin dilación y en profundidad con el objetivo de generar debates y pautas de análisis que permitan revisar los viejos -y quizá obsoletos- esquemas de funcionamiento que pueden provocar crecientes desmotivaciones en nuestro colectivo llegando a afectar a la calidad de los servicios jurídicos.
