El principio de jurisdicción universal (JU) ha dejado de ser objeto de controversia doctrinal para convertirse en un elemento consolidado dentro del sistema contemporáneo de justicia penal internacional. Tras décadas de desarrollo normativo y experiencias judiciales más o menos exitosas, el debate actual ya no gira en torno a si debe o no ejercerse, sino a cómo asegurar su eficacia real en un escenario internacional cada vez más condicionando por tensiones geopolíticas, crisis humanitarias persistentes y la erosión paulatina del orden jurídico construido desde Núremberg.
Esta evolución revela que, pese a su consolidación jurídica, la JU sigue siendo percibida por algunos Estados como un ámbito políticamente sensible, susceptible de generar fricciones diplomáticas o impactos estratégicos indeseados.
En efecto, en los últimos años, en algunos países europeos se adoptaron requisitos que condicionan fuertemente su aplicación, tales como la presencia del acusado en el territorio del Estado que ejerce la jurisdicción, la doble incriminación, la aplicación estricta del principio de subsidiariedad o la necesidad de autorización gubernamental previa para abrir diligencias penales. Incluso allí donde estas limitaciones no han sido codificadas, se observa una marcada resistencia a iniciar procedimientos sin certeza de que la persona sospechosa será eventualmente puesta a disposición de la justicia.
A pesar de ello, el panorama actual muestra un dinamismo significativo y una expansión geográfica diversificada. Europa continúa siendo el epicentro indiscutible de la JU.
Alemania constituye un ejemplo paradigmático, con procesos que han marcado hitos relevantes: el “Juicio de Koblenz”, que derivó en la primera condena contra responsables estatales sirios por crímenes de lesa humanidad; el reconocimiento judicial del genocidio cometido por el Estado Islámico contra el pueblo yazidí; y la condena contra un miembro de los Junglers, el escuadrón de la muerte gambiano. Francia mantiene también un volumen importante de procedimientos vinculados a hechos en Libia, Sudán, Ruanda, Liberia, Siria, Chad, Egipto y la República Democrática del Congo, incluyendo el histórico caso contra Roger Lumbala Tshitenga, cuyo juicio comenzó a finales de 2024. Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos han activado igualmente investigaciones que abarcan contextos como Ruanda, Siria, Liberia, Ucrania, Irak, Sudán, Irán y Gambia, reflejando un compromiso creciente con la persecución de los crímenes más graves.
No obstante, esta centralidad europea no es neutral: las posibilidades de investigación siguen siendo considerablemente menores cuando los presuntos responsables están vinculados a Estados aliados u otros actores con peso estratégico en la comunidad internacional. La selectividad —implícita o explícita— continúa siendo un lastre para la coherencia del sistema. En contraste, fuera del eje euroatlántico destaca el rol de Argentina como referente en América Latina, con procesos relativos al genocidio rohinyá en Myanmar, a la represión estatal en Nicaragua y Venezuela y a los crímenes contra la población uigur en China, entre otros.
Los conflictos recientes han puesto de relieve tanto el potencial como las contradicciones actuales de la JU. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, varios han iniciado actividades de documentación y preservación de pruebas relativas a crímenes internacionales en el conflicto, subrayando la función preventiva, cooperativa y probatoria de la JU en contextos en curso. Sin embargo, esta reacción contrasta con la ausencia de iniciativas de similar alcance respecto de los crímenes cometidos en Gaza, donde persiste una inaceptable tolerancia hacia violaciones masivas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Esta disparidad expone la realidad: la aplicación de la JU continúa siendo permeable a intereses políticos y a consideraciones estratégicas, lo que pone en cuestión su credibilidad como garantía universal contra la impunidad.
Más allá de los obstáculos políticos, el ejercicio efectivo de la JU enfrenta desafíos estructurales. La investigación de crímenes internacionales exige capacidades técnicas y recursos significativos para la obtención y preservación de pruebas, especialmente en lugares donde el conflicto permanece activo o donde las instituciones estatales son inexistentes o cómplices de las violaciones. La protección integral de víctimas y testigos, la existencia de fiscalías especializadas, la disponibilidad de recursos tecnológicos y logísticos y la coordinación con mecanismos internacionales y regionales resultan esenciales para garantizar procesos rigurosos y seguros. En ausencia de estas condiciones, el riesgo de frustrar expectativas y reforzar la narrativa de ineficacia se vuelve elevado.
Frente a estos desafíos surge una pregunta ineludible: ¿cómo avanzar?
La experiencia comparada demuestra que la JU funciona allí donde existe voluntad política sostenida, independencia judicial y una apuesta institucional real por la persecución penal de los crímenes internacionales más graves.
Pero su eficacia no puede darse por sentada: requiere negociación diplomática, reinterpretación doctrinal y adaptación práctica constante. No es una herramienta acabada, sino un mecanismo vivo que debe responder a los cambios del orden internacional y a las nuevas formas de violencia.
Este debate debe situarse también en el marco multilateral. En 2009, el Grupo Africano impulsó la inclusión del tema Alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, alertando del riesgo de utilización política y selectiva del principio. Desde entonces, el tema se discute anualmente en la Sexta Comisión. Sin embargo, como ha señalado el Secretario General en su informe presentado en 2024, persisten divergencias profundas en torno a la definición del principio, el catálogo de crímenes, el alcance de las inmunidades y los criterios de coordinación entre jurisdicciones. La falta de consenso mina la previsibilidad y aumenta la discrecionalidad estatal, abriendo la puerta a dobles raseros difícilmente justificables desde una perspectiva jurídica y ética.
En un contexto de debilitamiento del sistema penal internacional —incluida la Corte Penal Internacional—, resulta imprescindible reafirmar el papel complementario y operativo de la JU como último dique de contención frente a la impunidad.
Para avanzar en este objetivo, es necesario recuperar y actualizar los esfuerzos realizados para armonizar prácticas y garantizar parámetros mínimos comunes. Los Principios de Madrid–Buenos Aires, adoptados en 2015 durante el II Congreso Internacional de Jurisdicción Universal promovido por FIBGAR, ofrecieron una contribución valiosa en esta dirección, siguiendo el legado de los Principios de Princeton y los Principios de El Cairo–Arusha. Su objetivo fue precisamente ofrecer una guía operativa que asegurara que la JU se ejerciera de forma coherente, eficaz y respetuosa con los derechos humanos. Retomar este tipo de iniciativas, revisarlas a la luz de la experiencia acumulada y fortalecer los consensos técnicos podría ser clave para superar la fragmentación actual.
El futuro de la jurisdicción universal dependerá, en última instancia, de la capacidad colectiva para defender su esencia: la idea de que ciertos crímenes ofenden a la humanidad en su conjunto y exigen una respuesta jurídica que trascienda fronteras. Asegurar que este principio se aplique sin excepciones y sin selectividad es una obligación jurídica y una responsabilidad moral. Solo así podrá evitarse que la impunidad vuelva a ser un destino inevitable allí donde el poder se impone sobre el derecho. El compromiso con la justicia internacional exige que la lucha continúe y que la jurisdicción universal entre en una nueva etapa: más sólida, más coherente y más fiel a su razón de ser.
