La vuelta al cole comienza este septiembre con tarea para los grupos multinacionales. Y es que a la implementación progresiva de Pilar 2 debemos sumarle la entrada en vigor de la Directiva de Public Country-by-Country Reporting (pCbCR) en la Unión Europea. Aunque ambas normativas tienen objetivos distintos -recaudación mínima y transparencia fiscal pública, respectivamente- su interacción genera importantes implicaciones prácticas para los grupos multinacionales.
Ya hemos visto en post anteriores que Pilar 2 introduce un impuesto mínimo global del 15% a través de reglas como la Income Inclusion Rule (IIR) y la Under-Taxed Profit Rule (UTPR). Mientras muchas jurisdicciones han comenzado a aplicarlas, Estados Unidos ha optado por un enfoque paralelo (“side-by-side»), que busca un reconocimiento mutuo entre su régimen GILTI y las reglas de Pilar 2, sin adoptar directamente las normas de la OCDE.
Como mencionamos Estados Unidos ha optado por no adoptar las reglas del Pilar 2 en su forma estándar. En su lugar, ha defendido un enfoque “side-by-side» que busca como hemos dicho el reconocimiento mutuo entre el régimen fiscal estadounidense y las reglas del Pilar 2 sin necesidad de incluir en su normativa ni la IIR ni la UTPR.
Qué implicaciones prácticas tiene este enfoque estadounidense. En primer lugar, el reconocimiento limitado del GILTI. Aunque el GILTI comparte similitudes con la IIR, no cumple plenamente con los estándares del Pilar 2. esto podría llevar a que otras jurisdicciones apliquen la UTPR a grupos con matriz en EE.UU, generando riesgos de doble imposición.
En segundo lugar, esta situación está creando controversia y tensiones diplomáticas. La administración Trump ha expresado la posibilidad de imponer contramedidas para aquellos países que apliquen la norma UTRP en su territorio. Asimismo, se plantea la efectividad de la medida de Pilar 2 si una de las jurisdicciones con más cabeceras internacionales está fuera de su aplicación.
Ante esta situación internacional, si bien parecía que Pilar 2 podía suponer un cambio estructural dentro del entorno internacional que ayudase a paliar los problemas de BEPS, su implementación ha quedado a medio gas, la situación con Estados Unidos introduce un nuevo nivel de complejidad a la ya de por sí compleja norma. Esta situación deberá gestionarse con cuidado y la coordinación internacional en la implementación va a ser esencial para evitar que la norma quede en agua de borrajas.
Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2025, los grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros estarán obligados a publicar información fiscal desglosada por país en la UE. Estas novedades incluyen, un formato estandarizado y electrónico, con posibilidad de incluir información adicional. División entre elementos voluntarios y obligatorios como activos, capital o ingresos entre partes vinculadas y terceros y secciones específicas donde listar filiales y explicar discrepancias entre impuestos devengados y pagados.
Aunque el pCBCR tiene un enfoque de transparencia pública, su contenido se solapa con el de la GloBE Information Return del Pilar 2, lo que abre la puerta a sinergias- pero también a riesgos- si no se gestiona adecuadamente.
La convergencia entre ambos marcos se manifiesta en varios niveles. El Safe Harbour transitorio basado en el CbCR. Este puerto seguro permite a los grupos multinacionales reducir su carga administrativa durante los tres primeros años, si se cumplen ciertos umbrales. Para ellos el CbCR debe cumplir determinados criterios de calidad y completitud.
Aunque ambos el GloBE Income Return y el pCbCR se basan en la estructura del grupo, existen diferencias clave, como que el CbCR incluye todas las entidades controladas sin importar su materialidad; mientras que el Pilar 2 amplía este perímetro al incluir joint ventures y entidades de inversión.
El riesgo de la convergencia de ambas normas, así como el hecho de que el pCbCR sea accesible públicamente supone la posibilidad de encontrar discrepancias con los datos de Pilar 2 lo cual podría generar riesgos no solo en las auditorías fiscales sino también cuestionamientos de stakeholders o riesgos reputacionales.
Es conclusión de esta autora que la interacción de Pilar 2 y el Public CbCR no es solo técnica, sino también estratégica y se debe abordar ambas obligaciones desde un enfoque integrado que combine cumplimiento normativo, gestión de datos y comunicación fiscal transparente. La fiscalidad se está volviendo cada vez más pública y global, lo que hace que la coherencia sea clave para proteger no solo la carga tributaria del grupo sino también la reputación corporativa.
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