Una persona que ha tardado décadas en levantar un patrimonio considerable, tras muchísimo trabajo y sacrificio, contrae matrimonio, en separación de bienes, con alguien que percibe un salario medio y que, durante todo el matrimonio, continúa trabajando con normalidad. Eso sí, disfrutando, como es lógico, de los beneficios y comodidades que le presta el suculento patrimonio de su cónyuge.
Cuando llega el divorcio, se reclama una pensión compensatoria, alegando la evidente diferencia económica entre ambos. La pregunta que nos planteamos es: ¿basta con que exista una diferencia patrimonial notable para que nazca el derecho a la pensión? La respuesta del Tribunal Supremo es contundente: no.
La sentencia 837/2022, de 28 de noviembre de 2022, del Tribunal Supremo, recuerda lo que todos ya sabemos, y es que la pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio derivado de la ruptura recaiga en exclusiva sobre uno de los cónyuges, pero exige valorar la dedicación a la familia, el régimen económico matrimonial e incluso la situación patrimonial de cada cónyuge antes de contraer matrimonio, para determinar si el vínculo generó realmente un desequilibrio compensable. Como añade la propia sala, el desequilibrio debe traer causa de la ruptura, no de la mera comparación de patrimonios.
El caso resuelto por la sentencia 499/2017, de 13 de septiembre, es prácticamente un calco del caso que nos ocupa. En dicho asunto, el marido era titular de una farmacia desde antes de casarse, mientras que la esposa trabajaba con normalidad durante todo el matrimonio. La Audiencia Provincial concedió la pensión atendiendo únicamente a la desigualdad económica objetiva entre ambos. El Tribunal Supremo casó la sentencia, recordando que del solo dato de que la esposa gane menos que el marido, no cabe automáticamente dar por supuesto un desequilibrio susceptible de ser compensado. Y es que la diferencia entre los patrimonios de los cónyuges no traía causa de la pérdida de oportunidades laborales de la esposa; el matrimonio por sí solo no le impidió trabajar, no se dedicó a la familia, y la diferencia entre los salarios venía de antes de casarse. Es decir, que la diferencia de patrimonio, en resumen, no era consecuencia del matrimonio, sino de las decisiones profesionales que cada uno tomó antes de casarse.
La Audiencia Provincial de Madrid determinó que el equilibrio que ha de buscarse con la concesión de la pensión compensatoria no debe recaer en un criterio matemático entre uno y otro patrimonio, sino en que cada cónyuge se sitúe tras el divorcio en la posición económica que le corresponde (en su sentencia 43/2021, de 25 de enero). Por esa razón, no puede existir desequilibrio que compensar cuando ambas partes trabajan y disponen de ingresos con los que pueden cubrir sus necesidades, aunque existan diferencias entre sus patrimonios.
No obstante, resulta evidente que sí se concederá una pensión compensatoria pese a la diferencia patrimonial previa al matrimonio cuando uno de los cónyuges se ha dedicado al cuidado de la familia, además de contar con poca experiencia laboral y sufrir una enfermedad que le dificulta el acceso al mercado laboral, tal y como falló la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia 101/2014, de 31 de enero.
En conclusión, la jurisprudencia exige acreditar una causalidad entre el desequilibrio patrimonial y la pérdida de oportunidades laborales o económicas derivada de la dedicación a la familia. No vale con la simple comparación de patrimonios. La pensión compensatoria no iguala patrimonios, sino que repara y equilibra pérdidas reales.
