Iniciamos esta síntesis de la actividad político-institucional comunitaria desarrollada durante el pasado mes de septiembre reseñando un acontecimiento novedoso que, aunque ha pasado bastante desapercibido para la opinión pública en general, está llamado a tener más relevancia futura; me refiero al primer debate sobre el estado de la Unión 2010 celebrado de forma solemne en el Parlamento Europeo el pasado 7 de septiembre, e inspirado en la intervención que anualmente y desde hace más de dos siglos, cada último miércoles de enero lleva a cabo el Presidente de los Estados Unidos en el Capitolio ante las dos cámaras reunidas con las altas autoridades del país. A partir de este año, la UE pretende emular este acontecimiento inaugurando esta práctica parlamentaria para revisar el estado de la Unión Europea, la situación del proceso y sus instituciones.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, compareció ante los eurodiputados para explicar las que deben ser las cinco prioridades del curso político que acaba de comenzar: mejor gobernanza económica; recuperación de la vía del crecimiento y el empleo a través de la "Estrategia 2020"; avanzar en el área de la libertad, seguridad y justicia; reforzamiento de los recursos propios de la UE; y una verdadera presencia de la UE como actor global, incluyendo una política de defensa común ("No nos hagamos ilusiones: no tendremos el peso que necesitamos en el mundo sin una política de defensa común. Ha llegado la hora de abordar esta cuestión" subrayó el Presidente de la Comisión en el hemiciclo). Barroso anunció además varias iniciativas concretas de lucha contra el paro, como la apuesta por el empleo "verde". Apostó también por una revisión en profundidad del presupuesto comunitario.
Los eurodiputados en general insistieron en la necesidad de que la UE sea ambiciosa en sus objetivos. También de forma bastante mayoritaria criticaron que el Presidente Barroso, apenas esbozara una leve crítica a las últimas vulneraciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que se estaban produciendo en Francia con las expulsiones de ciudadanos rumanos de etnia gitana. El portavoz socialista Martin Shultz, quien será además el próximo presidente de la Eurocámara, fue el más incisivo con Barroso al que acusó de llevar "mucho tiempo haciendo concesiones al directorio franco-alemán" que, según él, dirige la Unión.
Quizá por su trascendencia futura, uno de los acontecimientos más relevantes del mes ha sido el acuerdo alcanzado, tras varios meses de dura negociación, sobre los mecanismos de reforzamiento de la supervisión financiera que deberán entrar en vigor el próximo 1 de enero. La última grave crisis financiera es la que motivó a la Comisión y al Parlamento Europeo a proponer la reforma de los sistemas de regulación y supervisión financiera en Europa. El nuevo marco legal común de vigilancia incluye la creación de tres nuevos organismos que deberán supervisar todas las actividades de bancos, cajas de ahorros, compañías de seguros, sociedades de bolsa y otros intermediarios financieros que operan en territorio europeo. Bien entendido que la supervisión ordinaria continuará en manos de las autoridades competentes de cada Estado, las nuevas autoridades europeas creadas podrán dictar medidas y recomendaciones, además de que podrán intervenir directamente en situaciones de emergencia en bancos con dificultades (el Reino Unido forzó a que el derecho de intervención de estas nuevas Autoridades, se limitase exclusivamente a situaciones de crisis obteniendo la posibilidad de impugnar una decisión que no compartan; aunque el compromiso final incide en la voluntad de no utilizar esta cláusula de salvaguardia).
El Acuerdo implica la creación de tres nuevas autoridades europeas para la supervisión respectiva de las actividades de banca, compañías aseguradoras y sociedades de bolsa y mercados financieros (la Autoridad Europea de Supervisión se divide en otras tres para supervisar diferentes tipos de instituciones financieras: Autoridad Bancaria Europea con sede en Londres, Autoridad Europea de Mercados Financieros con sede en Paris, y Autoridad Europea de Seguros y Pensiones Profesionales con sede en Frankfurt); además de un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos presidido por el Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, con la función de prevenir situaciones de riesgo potencial, como la que generan determinadas prácticas financieras o la generación de burbujas inmobiliarias, por ejemplo. Estas nuevas autoridades podrán además prohibir determinados productos financieros o actividades de riesgo. La reforma prevé también la homologación de normas básicas sobre infracciones, criterios sobre el capital, etc. en todos los países. Se prevé igualmente el establecimiento de una tasa sobre el pasivo para constituir un fondo de garantía de depósitos; además, otra tasa sobre los activos permitirá constituir otro fondo para la recuperación o liquidación de las entidades en crisis.
Este nuevo sistema abre la puerta a una nueva arquitectura financiera europea y refuerza sustancialmente la reglamentación de los mercados financieros europeos; ya que los supervisores nacionales muchas veces no tienen la competencia para controlar entidades financieras que operan sin obstáculos a través del continente europeo. El fin último es impedir que vuelva a producirse un caos financiero como el sucedido en los últimos años.
Durante el periodo de análisis y en el ámbito de la acción exterior, también se han producido algunos hechos reseñables.
El Consejo Europeo del 16 de septiembre decidió que, en el futuro, serán los Jefes de Estado y de Gobierno quienes diseñarán las líneas fundamentales de la Política Exterior y especialmente las relaciones con terceros países, en lugar de los Ministros de Asuntos Exteriores o la Alta Representante para la PESC; así, esta política se ubica en el máximo nivel institucional de la UE, bajo la coordinación directa del Presidente Permanente del Consejo Europeo, Van Rompuy. Se trata de esta forma de coordinar las políticas exteriores bilaterales de "los 27" con la que lleva a cabo la propia UE, buscando una mayor sinergia y complementariedad.
Por otra parte, la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Catherine Asthon ha procedido al nombramiento de los 29 primeros embajadores que integrarán el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE. Entre ellos se encuentran las Embajadas en China y Japón, que han recaído respectivamente en representantes de nacionalidad alemana y austriaca. La delegación comunitaria en Argentina, Angola, Guinea-Bissau y Namibia estará encabezada por diplomáticos españoles (también será español el número dos de la misión europea en China). En el nombramiento de los embajadores, Catherine Asthon debe respetar el compromiso de equilibrio geográfico y de género.
Igualmente, hay que señalar que el 28 de septiembre se celebró en Bruselas la tercera Cumbre UE-Sudáfrica encabezada por los Presidentes Van Rompuy y Durao Barroso por parte comunitaria y Jacob Zuma por parte sudafricana. En la Cumbre se trataron temas como la gobernanza global, el cambio climático, el comercio entre ambos bloques, otros asuntos de desarrollo así como la estrategia conjunta UE-África. La Cumbre fue precedida por la ceremonia de la firma del más importante programa presupuestario comunitario de apoyo a Sudáfrica que incluye un apoyo a la educación primaria de más de 122 millones de euros.
Aplazado el acceso de Rumanía y Bulgaria al Espacio Shengen. El Consejo de Asuntos Exteriores decidió en su reunión del día 13, prolongar la vigilancia (técnicamente denominado Mecanismo de Cooperación y Verificación) sobre estos dos países, especialmente en lo que se refiere al deficiente funcionamiento de sus sistemas judiciales y su incapacidad de limitar la corrupción. El Consejo estimó que ambos países carecen todavía de los sistemas de control fronterizos que requiere el Sistema Shengen, por lo que la mayoría de los países se oponen, por el momento, al acceso de Rumanía y Bulgaria al espacio de supresión de controles fronterizos.
La Asamblea de Naciones Unidas aplaza la concesión del derecho a la palabra a Catherine Asthon. Hace unos meses la Alta Representante dirigió una Carta al Secretario General de NN.UU. Ban Ki-Moon solicitándole el derecho de palabra ante la Asamblea General, donde la UE tiene un estatuto de observador. Con el Tratado de Lisboa la UE desea revalorizar tal estatus obteniendo para la Alta Representante el derecho a intervenir, en tanto que representante de la Unión, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (en lugar de que la intervención comunitaria la protagonice el país que ostenta la presidencia semestral), no sin las reticencias de algunos Estados miembros, especialmente Francia y Reino Unido (que se opusieron a la posibilidad de que esta solicitud se extendiese también al Consejo de Seguridad). La solicitud comunitaria incitó también a otras organizaciones internacionales (como la Liga Árabe, la Unión Africana y el Caricom) a obtener un estatus similar. Finalmente, el 14 de septiembre, con motivo de la 64ª Sesión, la Asamblea General decidió aplazar la toma en consideración de la demanda de Bruselas. El Caricom encabezó la oposición a lo que interpretaba como un privilegio hacia la UE, obteniendo un total de 76 votos favorables a demorar la decisión (principalmente africanos, del Pacífico así como Irán y Venezuela) frente a 71 votos a favor de la posición comunitaria, y con la abstención de 26 países.
