Es innegable la popularidad que, en el último lustro, ha venido ganando la financiación participativa -más conocida por su anglicismo como crowdfunding-. Sin embargo, aun con el auge global del crowdfunding, el mercado europeo aún se encuentra poco desarrollado en comparación con otras grandes economías mundiales como China -que encabeza el ranking- o Estados Unidos.
Uno de los principales obstáculos a los que se han enfrentado las plataformas europeas es la falta de regulación armonizada a nivel comunitario que permita una prestación de servicios en todo el territorio de la Unión Europea sin impedimentos regulatorios nacionales. Hasta ahora, varios Estados miembros de la Unión habían introducido distintos regímenes normativos para los servicios de crowdfunding -entre ellos España, mediante la Ley 5/2015-, lo que ha dado lugar a una importante fragmentación normativa en la UE. Las instituciones europeas no se han mostrado indiferentes a estos problemas. De hecho, en 2018 la Comisión Europea ya elaboró un plan de acción fintech que incluía la necesidad de adoptar desarrollos normativos en materia de financiación participativa.
Así, tras unos años de tramitación parlamentaria, el pasado 10 de octubre de 2020 se publicaba el Reglamento (UE) 2020/1503, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas (en adelante, el Reglamento), que establece un conjunto único de normas aplicables a la prestación de servicios de crowdfunding en todo el territorio de la Unión.
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