El reciente Código Penal aprobado por las autoridades talibán en Afganistán constituye un ejemplo paradigmático de macrocriminalidad de género institucionalizada, en la medida en que no solo tolera, sino que normativiza la violencia contra las mujeres y las niñas como elemento estructural del orden jurídico interno. Este marco normativo, lejos de ser una mera opción legislativa regresiva, plantea interrogantes de primera magnitud para el Derecho penal internacional, el Derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, para la configuración de un futuro Protocolo internacional sobre violencia de género extrema y feminicidio.
Desde una perspectiva material, el nuevo código articula un sistema de dominio patriarcal absoluto al reconocer a los hombres un poder disciplinario sobre las mujeres dotado de amplia cobertura jurídica. La admisión expresa de la posibilidad de infligir violencia física en el ámbito doméstico, con consecuencias penales ínfimas o meramente simbólicas, revela una clara desvalorización de la integridad corporal y la dignidad de las mujeres frente a otros bienes jurídicos. La previsión de sanciones notablemente más severas para el maltrato de determinados animales que para las agresiones contra esposas o hijas ilustra la existencia de una jerarquía normativa en la que la mujer es tratada como sujeto subalterno y, en última instancia, como objeto disciplinable dentro de la unidad familiar.
Este esquema normativo se ve reforzado por disposiciones que configuran a las mujeres como sujetos jurídicamente incompletos, ya sea reduciendo su capacidad de actuación autónoma, subordinando su movilidad y participación en la vida pública a la autorización masculina o debilitando su posición procesal mediante restricciones probatorias y reglas probatorias discriminatorias. La combinación de estos elementos conforma un auténtico apartheid de género, en el que la pertenencia al grupo femenino determina una situación estructural de segregación, vulnerabilidad y exposición a la violencia, con respaldo directo del aparato estatal. En términos dogmáticos, no nos encontramos ante una suma de violaciones individuales, sino ante un diseño institucional que favorece la comisión reiterada de actos violentos y obstaculiza su persecución.
Entender la violencia de género grave —en especial el feminicidio, la violencia sexual sistemática, la violencia doméstica letal y las formas de ciberviolencia de riesgo extremo— como manifestación de macrocriminalidad de género, resulta particularmente útil para interpretar el caso afgano. Este enfoque desplaza el centro de gravedad del análisis desde el delito aislado hacia el patrón estructural de violencia y desde la responsabilidad exclusivamente individual hacia la responsabilidad internacional del Estado por acción, omisión o tolerancia. A la luz de la jurisprudencia consolidada en asuntos como González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México u Opuz vs. Turquía, la inobservancia de la debida diligencia en contextos de violencia de género ya genera responsabilidad internacional; cuando, como en Afganistán, el Estado opta por elevar la violencia a categoría normativa, la imputación se desplaza hacia la existencia de una política de persecución basada en el género.
En este sentido, la situación creada por el Código Penal talibán presenta afinidades relevantes con las categorías de crímenes de lesa humanidad previstas en el Estatuto de Roma, particularmente con la persecución por motivos de género y, eventualmente, con el exterminio o el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia destinadas a su sometimiento extremo. La imposición de normas que permiten el castigo corporal de las mujeres, que limitan radicalmente su acceso a la educación, al trabajo y a los servicios esenciales, y que reducen su acceso a la justicia, puede ser interpretada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil femenina, perpetrado en ejecución de una política de un Estado o de una organización. Bajo este prisma, la discusión ya no se limita a la compatibilidad del código con estándares de derechos humanos, sino que se proyecta sobre la activación de mecanismos de justicia penal internacional.
El diagnóstico de fragmentación normativa que realiza la doctrina en relación con la violencia contra las mujeres —pese a la existencia de instrumentos avanzados en sistemas regionales como Belém do Pará o Estambul, así como de un catálogo relevante de crímenes de género en el Estatuto de Roma— se muestra particularmente grave ante un caso como el afgano. La ausencia de un instrumento universal, jurídicamente vinculante, dedicado de forma específica a la violencia de género extrema y al feminicidio genera espacios de impunidad estructural y dificulta la construcción de estándares claros de debida diligencia reforzada. De ahí la pertinencia de proponer un Protocolo internacional especializado, preferentemente como Protocolo Facultativo a la CEDAW, que desarrolle de manera sistemática las obligaciones estatales en materia de tipificación penal, investigación, enjuiciamiento, protección y reparación en contextos de macrocriminalidad de género.
Un Protocolo de estas características debería incorporar, en primer lugar, definiciones precisas de violencia de género extrema, feminicidio/femicidio, violencia sexual de especial gravedad y violencia de género facilitada por tecnologías, evitando formulaciones excesivamente restrictivas (por ejemplo, circunscritas al ámbito íntimo) que dejarían fuera supuestos de violencia comunitaria, crimen organizado o persecución en contextos de conflicto armado. En segundo lugar, habría de establecer obligaciones claras de tipificación autónoma del feminicidio, de armonización de los delitos sexuales sobre la base del consentimiento libre y de eliminación de figuras abiertamente discriminatorias, como los denominados “crímenes de honor” o los atenuantes de emoción violenta frente a la muerte de mujeres. En tercer lugar, resultaría esencial positivizar estándares de investigación oficiosa, pronta, exhaustiva y con perspectiva de género para toda muerte violenta de mujer, junto con obligaciones de registro estadístico desagregado y de protección efectiva de víctimas y familiares.
Por último, un régimen específico de gobernanza y seguimiento —ya sea mediante el refuerzo del mandato del Comité CEDAW o mediante la creación de un órgano experto análogo a GREVIO— permitiría someter a escrutinio internacional situaciones como la afgana, articulando procedimientos de comunicaciones individuales y colectivas, investigaciones de oficio y recomendaciones estructurales. La convergencia entre este eventual Protocolo y la práctica de la Corte Penal Internacional en materia de crímenes de género podría contribuir a que contextos de apartheid de género normativizado no quedasen relegados al plano de la denuncia política, sino que se insertasen de forma estable en la agenda de la responsabilidad penal internacional y de la rendición de cuentas por macrocriminalidad de género.
