El pasado 9 de marzo de 2020, el Parlamento Europeo, en su sesión plenaria, entendió que los programas de «ciudadanía por inversión» que se otorgan a nacionales de terceros países a cambio de una cierta cantidad de dinero, alteran la esencia misma de la ciudadanía de la Unión.
El Parlamento describe esta práctica —en vigor en Malta, Bulgaria y Chipre— como «parasitismo», ya que los Estados miembros venden algo que nunca debió ser considerado como una mercancía.
A la vista de que los riesgos que plantean los programas de «residencia por inversión», el Parlamento pide para este caso unas normas europeas que ayuden a luchar contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la evasión fiscal. Debe materializarse en fijar controles rigurosos de los antecedentes (también de los familiares de los solicitantes y del origen de los fondos), comprobaciones obligatorias en las bases de datos de la UE y procedimientos de control en terceros países. Además, debe existir la obligación para los Estados miembros de presentar informes, incluido un sistema de «notificación y consulta» que permita a otros Estados miembros formular objeciones. Incluso, fijar ciertos requisitos mínimos de residencia física (para los solicitantes) y de participación, calidad, valor añadido y contribución a la economía (para sus inversiones).
Fruto de la situación convulsa con motivo de la Guerra en Ucrania, el Parlamento recuerda el compromiso anunciado por los Estados miembros para poner coto a la venta de ciudadanía a los rusos vinculados al Gobierno de su país y pide a todos los países de la UE que, con efecto inmediato, excluyan a los ciudadanos rusos de sus regímenes de ciudadanía o residencia por inversión. Se ha de recordar que, desde el 26 de febrero la Comisión Europea se ha comprometido a garantizar que los bancos rusos seleccionados eliminen de su sistema la mensajería SWIFT, dado que así se asegurará que tales entidades financieras estén desconectadas del sistema financiero internacional y su capacidad para operar globalmente se resienta. Asimismo, se impondrán medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales de manera que socaven el impacto de las sanciones europeas.
De hecho, los eurodiputados instan a los gobiernos de la UE a reexaminar las solicitudes de ciudadanos rusos aprobadas estos últimos años para «que todas las personas rusas con vínculos financieros, empresariales o de otro tipo con el régimen de Putin pierdan sus derechos de ciudadanía y residencia».
En este marco de actuación, se deja latente la falta de unos controles de seguridad y unos procedimientos de investigación exhaustivos. Así las cosas, los Estados miembros no deben dar por válidos los controles realizados por agentes no estatales. El Parlamento reclama, además, una tasa europea que represente un porcentaje significativo de las inversiones realizadas hasta que desaparezcan los «pasaportes dorados». Igualmente, la Eurocámara pide a la Comisión que presione a los terceros países cuyos ciudadanos no necesitan visado para viajar a la UE para que sigan su ejemplo.
En definitiva, la Comisión tiene ahora que preparar una propuesta legislativa pues los datos existentes ayudar a afirmar que, entre 2011 y 2019, al menos 130.000 personas se beneficiaron en la UE de estos programas, que generaron unos ingresos de más de 21.800 millones de euros para los países beneficiarios. Existen regímenes de ciudadanía por inversión en Malta, Bulgaria (donde el Gobierno ha presentado un proyecto de ley para acabar con ellos) y Chipre (actualmente solo se tramitan las solicitudes presentadas antes de noviembre de 2020). Doce Estados miembros -España entre ellos- cuentan con regímenes de residencia por inversión, cada uno con distintos importes y opciones de inversión.
