Desde que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal, las denuncias han escalado un paso más en nuestras vidas y sobre todo en el modo de entender el compromiso con la empresa, con nosotros mismos y por supuesto con la sociedad. Hay pocas figuras que se presten a valoraciones sociales tan ambivalentes como la del delator o informante.
La crisis financiera y el descubrimiento de sonados casos de corrupción a nivel internacional y nacional han venido provocando un aumento de una palpable presión social que reclama mayor transparencia y ética.
El art 31 bis del Código Penal vino a recoger la responsabilidad penal de las personas jurídicas al tiempo que describió los presupuestos con los que debe contar un sistema de prevención de delitos, para que pueda operar, en su caso, como eximente de la responsabilidad penal de la empresa, entre el que se encuentra el de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
La figura del denunciante o whistleblowers se ha erigido en un eficaz método para descubrir irregularidades. No obstante, siempre ha ocasionado cierto recelo, al ser visto al que denuncia una conducta como una especie de chivato dado que parece existir en la retina de muchos los delatores propios de una novela policiaca. Ejemplos sonados de filtradores los tenemos en casos como el de Hervé Falciaci o el caso Wikileaks. La persecución que sufrieron estos hizo que los legisladores del todo el mundo trataran de dotales de un escudo legal especial. De ahí que el fin perseguido con las denuncias sea incentivar una cultura interna basada en la integridad y en la gestión responsable. Cultura que precisa de la firme implicación de todos los miembros de la organización en la que los canales de denuncia juegan un importante papel.
¿Quieres leer el contenido completo y el resto de publicaciones de AJA 985?
