La crisis del COVID-19 ha generado y sigue generando irremediablemente un importante incremento de medidas de ajuste laboral en nuestras empresas.
Las últimas publicaciones en materia de desempleo indican que aproximadamente 4 millones de personas se encuentran desempleadas, con un incremento de 3,5 puntos porcentuales de la tasa de paro (800.000 personas) entre diciembre de 2019 y febrero de 2021. Adicionalmente, en torno a 900.000 se encuentran sujetas a un ERTE y 600.000 autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad.
En gran medida, esta población afectada y la prevista ha visto o verá extinguida su relación laboral por causas económicas, organizativas, productivas o técnicas esgrimidas por la empresa, motivos que podrían ser causa de controversia o conflicto por lo que deberán ser acreditados adecuadamente en su caso en sede judicial.
La acreditación de las causas de un despido de esta naturaleza, que deberá ya aportarse en la carta comunicativa de la extinción, requiere de la técnica y experiencia en realizar argumentaciones rigurosas ratificadas de manera didáctica por parte de un experto independiente, así como de conocimientos en materia de gestión empresarial para contrastar en especial, para aquellos supuestos, la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas en términos de dirección empresarial. En cualquier caso debe acreditarse que la causa invocada actúa directa y concretamente sobre los contratos de trabajo cuya extinción está en cuestión
En relación a las causas económicas, resulta decisivo justificar que la extinción acordada constituye una medida adecuada para mantener o mejorar la viabilidad de la empresa, preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado o para respetar el volumen de empleo, en definitiva, para contribuir a superar una situación económica negativa (existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas). Un análisis económico-financiero del negocio o área de negocio y la realización de proyecciones de negocio comparando escenarios pueden facilitar la comprensión del contexto.
En relación a las causas organizativas, es necesario detectar problemas de gestión o pérdidas de eficiencia perceptibles y objetivables, por ejemplo, en niveles de servicio, costes, procesos de producción, modos de organizar la producción o sistemas de trabajo, y valorar la justificación de un cambio operado en estos ámbitos. Evidenciar posibles sobredimensionamientos o elevados niveles de stocks son, por ejemplo, aspectos reseñables a comprobar.
En relación a las causas técnicas, es preciso identificar cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.
En relación a las causas productivas, hay que contrastar si se producen cambio en el ámbito externo de la empresa, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende ofrecer en el mercado, en la regulación aplicable o en la tecnología del sector, comprobar que esta causa es real y tiene la entidad suficiente para justificar la decisión extintiva, verificar si la medida adoptada es razonable en términos de gestión empresarial, adecuándose el volumen de empleo y los medios materiales de la empresa a sus necesidades productivas derivadas de la situación resultante de la causa acreditada, y revisar si se da la proporcionalidad adecuada entre la realidad de la causa y los efectos perniciosos producidos en los contratos de trabajo.
En consecuencia, como se puede llegar a deducir, para llevar a cabo los análisis descritos el perito económico no sólo debería de disponer de experiencia y técnica en la pericia llevada ante tribunales, sino conocimientos y experiencia en materia de dirección de empresas para valorar y acreditar adecuadamente las circunstancias que conciernen a las medidas extintivas aplicadas.
