En España el fraude interno lo hacen o directivos o mandos intermedios. Alain Casanovas, socio del área Legal de KPMG Abogados, señala que "en épocas de crisis económica aumenta el nivel de sensibilidad con el control financiero y afloran casos de fraude interno que, normalmente, tienen su origen en épocas de bonanza". En Europa y a nivel global, el 30% de delitos internos es cometido por los empleados más jóvenes o recién incorporados. En el ámbito de fraude interno se ha pasado del despido como medida en un 43% de los casos en 2009 al 26% en 2011, mientras que las acciones legales han pasado del 26% en el 2009 al 43% en el 2011. Silvia Zamorano, abogado de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios nos comenta que "merece especial atención el aumento de causas incoadas por delitos de acusación y denuncia falsa al igual que los delitos por falso testimonio que también se han incrementado respecto de otros años".
De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Global de PwC, el diferencial entre la realización del fraude por empleados o representantes de la empresa o por terceros ajenos a la organización se ha incrementado ligeramente con respecto al 2009, aumentando del 10% al 16% actual. En España, las cifras muestran una clara superioridad de los defraudadores internos, lo que lleva a la necesidad de incrementar las medidas de control y prevención establecidas para los mismos, ya que tradicionalmente las empresas se han centrado en el fraude externo.
PwC ha realizado una encuesta entre 4000 directivos y puestos intermedios de 72 países acerca del fraude y el delito económico en 2011. Los resultados que se refieren a España son significativos, ya que reflejan una mayor actividad fraudulenta interna que en el resto de los países. Además, se verifica que es desde la posición de directivo desde la que más se delinque dentro de las empresas en España. "Los directivos de cualquier empresa disponen de información privilegiada de la compañía en la que prestan sus servicios, pero en ocasiones, deja de serle fiel a su cargo y decide facilitar esa información a la competencia saltándose esta obligación de exclusividad", explica a Legal Today José María Alonso, Director de Operaciones de Zénit Detectives. Las labores más frecuentes para este tipo de perfil profesional son los seguimientos y los análisis forenses del material informático que la empresa pone al servicio del directivo.
Conforme a los resultados del estudio de PwC, un 47 % de los encuestados españoles ha sufrido en su propia organización al menos un fraude económico. En 2009, esta cifra era de sólo un 34,5%.
Ello es acorde con la memoria de la Fiscalía referente a 2010: en el apartado relativo al Fiscal de Sala Delegado para la Coordinación de Delitos Económicos dice que "la crisis además de sus demoledores efectos sobre la política del Estado -y la vida de los ciudadanos- ha tenido una gran trascendencia en nuestro ámbito competencial: el cierre de empresas, y la pérdida de empleo constituyen el caldo de cultivo idóneo para la comisión de un nutrido número de delitos, entre los que destacan por razones que es innecesario explicar, los que nos están atribuidos."
El fraude externo también difiere del europeo y del global, donde el principal perpetrador es el cliente (con un 35,1% a nivel global y un 32,6% en Europa). En España, los proveedores abarcan un 43% del fraude externo, mientras que en Europa y global, este segmento no llega al 10%.
Alain Casanovas, socio del área Legal de KPMG Abogados
Alain Casanovas, socio de KPMG y autor del libro "Control Legal Interno", señala que "que disponer de un programa de prevención penal que incorpore controles efectivos es esencial para detectar actividades irregulares en el seno de las organizaciones"
Añade Casanovas que "la aplicación a las personas jurídicas de determinados tipos penales, incluyendo ahora la figura de la corrupción entre particulares, eleva las probabilidades de imputación penal de la empresa, debiéndose luchar internamente y de manera enérgica para corregir eventuales inercias en esta materia"
Silvia Zamorano, abogado de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
Desde Deloitte, Silvia Zamorano nos comenta que, según su experiencia, "podrimos decir que sí he apreciado un aumento de la delincuencia económica aunque, en mi opinión, dicho aumento viene motivado principalmente por la crisis económica que vive el país. De hecho, es frecuente que este tipo de delincuencia se incremente en épocas de crisis ya que la falta de recursos económicos hace que muchos agudicen el ingenio para obtener beneficios o evitar determinadas situaciones. Piénsese por ejemplo en el delito de concurso fraudulento o el notorio incremento de causas abiertas por delitos societarios y fraudes contra la Hacienda Pública. Además, tendríamos que añadir el hecho de que el legislador haya tipificado más y nuevas conductas introducidas con la reforma del Código Penal operada por la Ley 5/2010, de 22 de junio, por lo que resulta lógico pensar que el aumento de comportamientos susceptibles de responsabilidad penal puede conllevar un aumento de la delincuencia".
Acciones contra los defraudadores-diferencia entre que sean empleados o no
Debido a la crisis económica, a la reforma regulatoria -este año 2011 lo inauguramos con una gran reforma del Código penal– y a la creciente sensibilización sobre la existencia de fraude, los patrones de respuesta ante el descubrimiento del mismo han cambiado en los últimos años.
En el ámbito de fraude interno, se ha pasado del despido como medida en un 43% de los casos al 26%, mientras que las acciones legales han pasado del 26% en el 2009 al 43% en el 2011. Podemos interpretar que muchos de los encuestados han optado por elegir esta opción entre ambas al ser más grave que el despido, por lo que entendemos que este 43% lleva implícito el despido del defraudador.
A medida que aumenta la preocupación por la existencia del fraude, las organizaciones comienzan a ser más conscientes de sus efectos, sobre todo en la motivación de los empleados, las medidas ejemplarizantes son cada vez más agresivas. No basta sólo con el despido, hay que demostrar que en una organización la cultura corporativa es contraria a la comisión de delitos, marcando unas pautas de conducta claras y unos valores concretos, estableciendo qué conductas no son tolerables y cuáles no son permitidas, para fomentar la colaboración de todos los empleados en la prevención y detección del fraude.
En cambio, desde el punto de vista del fraude externo destacar que las organizaciones no están tan predispuestas a interponer acciones legales, optando por el cese de las relaciones comerciales, esta opción ha aumentado del 33% en la Encuesta del 2009 al 36% en 2011. Y lo han hecho en detrimento del ejercicio de acciones legales, que ha disminuido del 40% al 36%.
Werner Vanderhaeghe, abogado que ha trabajado en Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, en Nueva York y en Bruselas; ha sido socio de White & Case, en Bruselas; y director de la asesoría jurídica del Grupo Bekaert y del Grupo Agfa-Gevaert comentaba en una entrevista concedida al IE que acerca de qué virtudes ha de tener un abogado internacional. Entres ellas estaba esta gestión de riesgos internos: "la exigencia en el nivel de desempeño empresarial y de integridad en relación con las actuaciones empresariales ha aumentado. Esto se ve principalmente en los abogados internos; pero creo que todos los abogados de empresa que asesoran a clientes en el ámbito internacional deben poder conciliar perfectamente el exigente desempeño empresarial con la máxima integridad. En cuarto lugar, los nuevos fenómenos empresariales precisan nuevos sistemas legales y normas para gobernar el mundo globalizado, sistemas y normas que todavía no existen".
