Las restricciones de acceso a Internet impuestas por el gobierno de Xi Jinping en China son ya ampliamente conocidas por la comunidad global. No obstante, el poder económico que está adquiriendo el país asiático ha provocado que las políticas de censura sean aceptadas por empresas occidentales que buscan un hueco en el mercado chino. De esta forma, las empresas se están convirtiendo en una herramienta para la implantación de la censura china a nivel internacional.
Si bien Google o Facebook salieron de China en 2010 debido a las políticas de censura, los últimos movimientos demuestran el interés que vuelven a tener por acceder al mercado chino, como la nueva filial que Facebook intentó abrir en 2018 en Hangzhou. Otro de los ejemplos ha venido de la mano de Disney, quien aceptó las restricciones del gobierno chino y censuró una escena de la película Mulán para poderla comercializar en el país. De esta forma, China impuso su censura en un producto internacional que llegó al resto del mundo desde los cines.
El hecho de que las políticas de censura se estén aceptando en aras de beneficios económicos dista preocupantemente de lo que el marco jurídico internacional protege. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 expone que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y señala que se tiene el derecho de difundirla, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Esta misma idea se puede ver recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 9) o el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 10).
Sin embargo, que las empresas extranjeras sean capaces de aceptar dicha censura con tal de acceder al mercado chino no ha sido suficiente para frenar las leyes que están otorgando poder a las empresas para gestionar la censura en sus plataformas. Dentro del marco del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Europa comenzó a trabajar en leyes que protegían a los usuarios digitales del contenido nocivo que pone en riesgo la moral, el orden público y el bienestar general de la sociedad. Estas leyes buscan responsabilizar a las plataformas de sus contenidos, como es ejemplo la Ley NetzDG de Alemania. El problema que ha surgido en Europa es que se ha fomentado la autorregulación, es decir, que las plataformas sean las que se encarguen de eliminar el contenido nocivo mediante mecanismos internos, y se ha acabado demostrando lo difícil que supone supervisarla gestión de las plataformas a la hora de censurar dichos contenidos.A este respecto,la vicepresidenta responsable de Valores y Transparencia en la UE, Věra Jourová, afirma que “las plataformas deben ser más responsables, tienen que rendir cuentas y deben ser más transparentes. Ha llegado el momento de ir más allá de las medidas de autorregulación” y la Comisión Europea ya ha comenzado a debatir esta cuestión dentro de las sesiones sobre la nueva Ley de Servicios Digitales.
Si bien parte de la sociedad se muestra reacia a regular la censura de los contenidos por atentar contra los valores democráticos y la libertad de expresión, como ha sucedido en España con el Real Decreto Digital 14/2019, cierto es también que la falta de control de las instituciones públicas a favor de un mayor control por parte de las empresas privadas no es una mejor solución. Mientras se debaten estos asuntos en Europa, China ha creado un gran sistema de censura en su país que ya ha cruzado las fronteras hacia el resto del mundo.
