- La Fundación Aranzadi LA LEY presenta el Informe Observatorio de la Actividad de la Justicia 2024 en el Auditorio Uría Menéndez. Cada juez dictó de media 278 sentencias, pero el esfuerzo ha sido infructuoso: crecen un 14% los asuntos por resolver y los procedimientos se alargan y superan los 9,2 meses de duración.
El colapso judicial atenta contra los ciudadanos y sus derechos, pero también contra el desarrollo económico. Algunas investigaciones señalan que la reducción de un solo punto en la tasa de congestión de los tribunales tiene efectos en la economía familiar y puede sacar al alquiler 3.400 viviendas más en Madrid y 3.100 en Barcelona. Pero los tribunales siguen estancados: los litigios se han alargado de 8,4 a 9,2 meses entre 2022 y 2023, último año del que se disponen estadísticas. Y los asuntos pendientes de resolver crecen un 14% hasta rozar los 4 millones. Además, hay 4.800 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados que tardan en entregar estos fondos a sus titulares a pesar de tener una sentencia firme. El panorama no es alentador y llama a dotar de más recursos a los órganos jurisdiccionales para frenar el empeoramiento del último año.
El punto de contraste lo da una ligera mejora, de solo el 1,1%, en el número de sentencias dictadas por juez o magistrado, con 278 de media. Sin embargo, el impacto de este dato resulta insuficiente para reducir el elevado volumen de resoluciones pendientes.
Son parte de las conclusiones del XVI Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia 2024, que cada año desde 2008 realiza la Fundación Aranzadi LA LEY con el patrocinio del Banco Santander. Se trata de un análisis estadístico del sistema judicial español a nivel global mediante la herramienta Jurimetría, que pone el foco en su actividad, los problemas y carencias que le afectan, pero también sus avances y logros.
Hasta el auditorio Uría Menéndez acudieron Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY; Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM); Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY; Juan Mora- Sanguinetti, economista sénior en Banque de France y Banco de España- Eurosistema; y Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
El anfitrión, Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez, fue el encargado de abrir la presentación, con un diagnóstico insatisfactorio de la situación actual: en la última década con datos disponibles, de 2013 a 2023, no solo la litigiosidad ha pasado 1.670.000 a 3.900.000 de asuntos, sino que el número de asuntos civiles por juez o magistrado se ha incrementado de poco más de 600 a más de 1.000 en el mismo periodo de tiempo. La carga de trabajo ha aumentado considerablemente,
También destacó que el aumento de la litigiosidad incide en la previsibilidad y puso el foco en el Tribunal Supremo, donde la duración media de la tramitación de los recursos de casación civil ha pasado de 13 a 25 meses. La conclusión del presidente de Uría Menéndez es que “tenemos un problema por el incremento de la litigiosidad y no tenemos la previsibilidad en términos óptimos porque el órgano encargado está en dificultades para cumplir su función”.
Respecto de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y la creación de los Tribunales de Primera Instancia, Remón lo valoró positivamente, al facilitar el reparto de trabajo, la especialización y la unificación de criterio, aunque solo “si hay desarrollo adecuado”. Y sobre los medios alternativos de solución de conflictos o MASC, que serán un requisito de procedibilidad en el orden civil, recordó que depende de la voluntad de las partes, por lo que le genera duras de se imponga de manera generalizada: se corre el riesgo de que se convierta en un mero trámite burocrático. Sin embargo, si se incentiva con un tratamiento ventajoso en el régimen de costas, puede servir para pasar de una cultura de la confrontación a una del acuerdo. “Los abogados tenemos muy claro que siempre que haya la posibilidad de un acuerdo es mejor que un pleito”, concluyó.
Cuentas de consignación: una deuda pendiente
Durante su intervención, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, puso el foco en el atasco existente en las cuentas de consignación judicial: en 2023 había 4.800 millones de euros bloqueados en estas cuentas a pesar de que los titulares de esos fondos cuentan con una sentencia firme. “Es un dinero que debería estar en el bolsillo de las empresas y de los ciudadanos”, subrayó. El avance de una reforma normativa que obligue a que se abonen intereses cuando se tenga el dinero retenido en cuentas de consignación judicial a partir del momento en que exista un resolución firme será uno de los ejes de actuación del ICAM para este año.
Ribón recordó que la nueva Ley Orgánica 1/2025 ofrece instrumentos de mejora de la justicia, algo fundamental porque “los déficits que padezca no afectan únicamente a los operadores jurídicos, es una cuestión que se proyecta al resto de la ciudadanía”. También puso el acento en que la creciente dilación de los procedimientos impacta en conflictos sensibles, como los de familia, donde se están resolviendo procedimientos de 2019 y 2020. Alertó asimismo de la desigualdad territorial por la falta de recursos y recordó que todo este colapso repercute en una progresiva carga laboral de los abogados. En este sentido, reclamó una mayor participación de la abogacía en las reformas normativaa.
Diez indicadores analizados con Jurimetría
Los resultados del Observatorio se basan en diez indicadores: tasa de resolución, congestión, litigiosidad, duración media, pendencia, número de sentencias y de asuntos ingresados por juez y magistrado, ejecución de resoluciones judiciales, confirmación de resoluciones en apelación o suplicación, y la confirmación de resoluciones en casación.
Cristina Retana avanzó algunos resultados reveladores. En cuanto al volumen de asuntos, solo la jurisdicción Contencioso-Administrativa muestra un decrecimiento respecto de los datos del año anterior. Por otra parte, la tasa de resolución, que es la capacidad de los órganos jurisdiccionales para resolver todos los asuntos, hay una evolución negativa, especialmente en la jurisdicción Social y Civil. De un año a otro, ha pasado del 0,99 al 0,92 en 2023.
“Se ha producido un empeoramiento en todas las jurisdicciones y, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, donde había alguna jurisdicción por encima de la unidad, en 2023 no encontramos ninguna jurisdicción cuyo indicador sea mayor de 1”, aclaró. Cristina Retana recordó el contexto en el que se registraron estos datos: hubo huelgas de funcionarios y de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en 2023, el último año del que hay estadísticas disponibles.
También creció la tasa de congestión, que refleja el volumen de asuntos que tienen que tramitar los órganos judiciales, considerando todos los que asuntos que se inician en el año, los que tienen pendientes de años anteriores y los que finalmente se resuelven. El último año fue de 1,84, frente a 1,70 del año anterior. Se ingresaron casi 7 millones de asuntos, con más de 1,5 millones de sentencias dictadas, que es un 8,4% menos que las de 2022. La congestión es mayor en las jurisdicciones Contencioso-Administrativo y Social, que registran un 2.09 en este concepto.
El número de asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes, o tasa de litigiosidad, ha sido menor, con un indicador de 143.64, pero en todas las jurisdicciones el tiempo de resolución ha crecido de manera interanual. Asimismo, se han resuelto menos asuntos que en el año anterior, tal como señala la tasa de pendencia. En total, en 2023 hubo casi 4 millones de asuntos que quedaron pendientes de resolución, un 14% más que el año anterior.
Sobre el número de sentencias dictadas por juez o magistrado fue de 278, un 1,1% más que el año anterior, aunque el orden Civil y Social muestran los mejores porcentajes. Esto a pesar de que la cifra de jueces por 100 mil habitantes no ha variado y se queda en 12,1. Los resultados del Observatorio con todas las series históricas se pueden descargar a partir de hoy, pero si se quiere hacer un análisis detallado, se puede usar la herramienta analítica Jurimetría para desglosar los datos y realizar un análisis pormenorizado, también por territorios y por jurisdicciones.
Tres modelos de oficina judicial en busca de la eficiencia
Sobre el reparto de poder de organización en los órganos judiciales españoles habló Miguel Pasqual, que abordó las distintas ventajas y desventajas de los tres modelos de oficina judicial que ha habido en España. “A lo largo de los 25 años se ha producido un efectivo traspaso de poder y los protagonistas de la oficina judicial han ido evolucionando hacia modelos distintos”. El largo proceso evolutivo apunta a una redistribución competencial en materia procesal desde los jueces a los Letrados de la Administración de Justicia para intentar descargarles de tareas. Y comparó la oficina tradicional, las Nuevas Oficinas Judiciales (NOJ) de 2010 y la que se creará con la Ley Orgánica 1/2025.
Pasqual recordó que el modelo tradicional, en el que se despliegan los distintos juzgados como “píldoras aisladas” con la implementación de algunos servicios comunes, se mostró ineficiente y con costes elevados. Con las NOJ de 2010, se pasó a enormes servicios comunes, “alrededor de los cuales pivotan como satélites los jueces”, pero solo se implementó en 10 ciudades en territorio ministerio. Y ahora surge el modelo de Tribunal de Primera Instancia, que reubica los servicios comunes dentro de una macroorganización y las jurisdicciones se insertan en modelo pool.
Para el presidente del TSJ de Murcia, las ventajas de estos dos últimos modelos son las descarga de tareas burocráticas a los jueces, que pueden centrarse en la tarea jurisdiccional, que es exclusiva de ellos. Con las NOJ se da una hiperespecialización y se facilita la creación de equipos y unidades. En este sentido, destacó la unidad de subastas judiciales del partido judicial de Murcia, que ha estandarizado procesos y ha sido capaz de compartir conocimiento y buenas prácticas. También permite una mayor movilidad de recursos humanos y dota de una flexibilidad que permite organizar el trabajo de forma eficiente, si se dirige bien. Hay elasticidad para el crecimiento, con un liderazgo marcado por los LAJ.
Pero la otra cara de la moneda está marcada por algunas disfunciones por ese reparto competencial de materias procesales entre jueces y LAJ y es que “todo lo procesal tiende en última instancia a tener un aspecto jurisdiccional”, señaló. También se pueden dar problemas de comunicación entre el juez y la oficina: por su tamaño, puede resultar difícil dar con la persona con la que se tiene que despachar. Además, se puede dar un cierto nivel de pérdida de control por parte del juez respecto de los asuntos.
“Hay patologías que no están resueltas y sin embargo avanzamos a un modelo de tercera generación”, advirtió Miguel Pasqual, que destacó que las incógnitas que no resuelve la Ley Orgánica 1/2025 se tendrán que despejar por la vía reglamentaria o estatutaria.
“Donde no funciona ni el expediente judicial electrónico ni los escritorios virtuales, solo habrá un cambio de nombre y no un cambio de fondo. En muy pocos sitios funcionan con solvencia”, alertó. También expresó sus dudas sobre que realmente se cumpla el calendario de despliegue de los Tribunales de Primera Instancia que recoge la norma.
Menos congestión judicial, más viviendas de alquiler
La lentitud de la Justicia también tiene un impacto económico. Según las investigaciones realizadas por Juan S. Mora-Sanguinetti, la reducción de la congestión judicial en un punto puede beneficiar la tasa de alquiler en el orden de 3.400 viviendas más alquiladas en Madrid, 3.100 en Barcelona y 1.400 en Valencia.
La mejora de la ejecución de sentencias también tiene un impacto positivo en el incremento de la inversión empresarial, en la tasa de entrada de emprendedores (entre un 5 y un 7%, en una mejora del crecimiento de las empresas de entre el 1,1 al 2,8%.
Asimismo, se pueden ver efectos beneficiosos en el crédito: un aumento de un punto en la tasa de liquidación judicial repercute en el incremento del 0,32% en la tasa del crédito total respecto del PIB.
Por último, Juan S. Mora-Sanguinetti realizó una comparativa del modelo de organización judicial español con el de otros países, con las dificultades que entraña comparar estructuras y términos que no siempre son equiparables. El modelo más eficiente es aquel en el que la capacidad de organización y la responsabilidad recaen en el juez y en un órgano externo. Es el que tienen en países como Alemania, Corea, Austria, Finlandia, Hungría o la República Checa, con una media de 400 días de duración del proceso.
España se encuentra en el tercer modelo, el de eficiencia intermedia, que se caracteriza por contar con una figura de dirección de carácter administrativo (jefe de administración) y con un organismo externo. Los procesos en este caso tardan una media de 590 días y, además de España, en este modelo están Eslovaquia, Grecia, Inglaterra, Gales e Irlanda.
“Tenemos menos Letrados de la Administración de Justicia y muchos más funcionarios. ¿Qué pasaría con España si tuviera los LAJ que tiene Alemania?” se preguntó. Y es que cada juez en nuestro país cuenta con 0,76 Letrados de la Administración de Justicia de media y con 7 funcionarios. “Podrían dar un mayor apoyo a nivel más analítico o de redacción de borradores que pueda aprovechar el juez”, adelantó.
