El Pleno del Congreso tendrá que decidir el martes de la próxima semana si tramita una proposición de ley del PSOE que persigue reformar la vigente Ley del Indulto para prohibir que puedan acogerse a la misma los condenados por delitos de corrupción.
Los socialistas registraron esta iniciativa en diciembre de 2013 después de que solicitaran el indulto entre otros el exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas o el exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico del PP en las Cortes Valencianas Pedro Hernández Mateo.
En la reunión de la Junta de Portavoces de este martes, el PSOE ha propuesto su inclusión en el orden del día del Pleno del próximo martes, con lo que se debatirá una semana después de que la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lanzara una propuesta similar en su debate de investidura.
En concreto, los socialistas plantean modificar la Ley del Indulto, que data de 1870, para que no pueda aplicarse la medida de gracia ni total ni parcialmente "cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero".
Sólo si hay criterio favorable del tribunal
También proponen que para los indultos sólo se concedan si hay un criterio favorable del magistrado o el tribunal sentenciador. Es decir, que estos consideren que existen "razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para poder otorgar el indulto total".
Asimismo, la propuesta de reforma contempla que la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se haga en un real decreto "motivado", que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y en el que se recojan las razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurran en cada caso a juicio del Ejecutivo.
Los socialistas también persiguen que no tengan afecto aquellas resoluciones de indulto en las que no haga mención expresa al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión.
La modificación que propugnan los de Pedro Sánchez también prevé obligar al Gobierno a remitir cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso copia de las resoluciones de los indultos concedidos y que éste órgano, a la vista de las mismas, pueda pedir que se le envíen las copias íntegras de los expedientes que considere necesarios.