- El futuro MFP exigirá reforzar la PAC para mantener un sector agrario competitivo, sostenible y capaz de sostener el medio rural europeo
Las negociaciones sobre el futuro Marco Financiero Plurianual vuelven a colocar en el centro del debate europeo las políticas que marcan la orientación económica y social de la Unión, entre ellas, la Política Agraria Común (PAC). Dado que esta política representa actualmente un 33,2% del presupuesto de la Unión Europea, según datos del Ministerio de Agricultura, y desempeña un papel determinante en la transformación del sector agrario, resulta necesario analizar cómo se configura en la actualidad la PAC y cuáles son los efectos derivados de su aplicación.
En el actual periodo 2023-2027, la PAC trasciende los objetivos meramente económicos y apuesta por un sector agrícola competitivo, ambientalmente sostenible y capaz de fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Su implementación se desarrolla a través de un marco jurídico complejo que otorga a los Estados miembros la facultad de elaborar sus Planes Estratégicos, mediante los cuales adaptan las intervenciones de la PAC a sus especificidades nacionales, dentro de unas condiciones marco comunes que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la PAC.
Planes estratégicos
El Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo establece las normas que regulan la elaboración de los Planes Estratégicos, instrumentos mediante los cuales se canalizan las ayudas de la Unión, financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Esta norma se complementa con el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC, y el Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica diversos reglamentos relativos a materias específicas del sector agrícola, ambos de 2 de diciembre de 2021.
Los objetivos actuales de la PAC se estructuran en torno a tres pilares o bloques -económicos, medioambientales y sociales- complementados por un objetivo transversal orientado a la modernización de la agricultura, fomentando el conocimiento, la innovación y la digitalización de las zonas rurales, según resulta del citado Reglamento (UE) 2021/2115:
Intervenciones en forma de Ayudas Directas
Las ayudas directas comprenden pagos disociados y pagos asociados.
Los pagos disociados incluyen la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), la Ayuda Redistributiva Complementaria, la Ayuda a la renta para Jóvenes Agricultores y los Eco-regímenes (regímenes voluntarios en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal). Su carácter desacoplado implica que no están vinculados directamente a la producción.
La Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad depende de los derechos de pago básico que posea el agricultor activo, ya sea en propiedad o en arrendamiento, y que estén asociados a hectáreas admisibles. La finalidad de esta ayuda es la de contribuir a la viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones. Su percepción exige, además, el cumplimiento de la condicionalidad, que se articula mediante requisitos legales de gestión y normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales (normas BCAM). Esta ayuda se complementa con la Ayuda Redistributiva, destinada a apoyar la rentabilidad de las explotaciones pequeñas y medianas.
En el caso de la Ayuda a la renta para Jóvenes Agricultores y los Eco-regímenes, deben cumplirse requisitos específicos: la condición de joven agricultor o la realización de determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima, el medio ambiente y el bienestar animal, respectivamente.
Por otro lado, los pagos directos asociados incluyen la Ayuda a la Renta Asociada y el Pago Específico al Cultivo del Algodón. Mediante estos pagos anuales por hectárea o por animal se apoya a sectores o producciones concretas que enfrentan dificultades, con el fin de mejorar su competitividad, sostenibilidad o calidad.
Intervenciones sectoriales
La PAC también contempla intervenciones para sectores concretos -entre otros, frutas y hortalizas, productos apícolas, vino, lúpulo, aceite de oliva y las aceitunas de mesa-, articuladas a través de programas sectoriales. Estas intervenciones persiguen objetivos tales como mejorar la planificación y organización de producción, la concentración de la oferta y comercialización de los productos, la competitividad, el fomento y desarrollo de los métodos y técnicas de producción, el aumento del valor y la calidad comerciales de los productos, así como prevenir crisis de mercado y fomentar la gestión del riesgo. Asimismo, incorporan actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores.
Dentro de este pilar, el sector de frutas y hortalizas -de especial relevancia en el sudeste español- presenta una singularidad que refuerza su importancia dentro de la PAC: las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). Reconocidas conforme al Reglamento (UE) 1308/2013, las OPFH constituyen las entidades habilitadas para la presentación y ejecución de los Programas Operativos, requisito indispensable para acceder a las ayudas previstas para este sector. Estos programas, con una duración de tres a siete años, permiten a sus productores –a través de su OPFH- planificar la producción ajustándola a la demanda, concentrar la oferta y comercializar sus productos, fomentar métodos de producción sostenibles, promover la asistencia técnica, optimizar los costes de producción y contribuir a un uso eficiente de los recursos naturales.
La Región de Murcia constituye un ejemplo del impacto positivo de este modelo, consolidándose como uno de los principales productores hortofrutícolas de Europa. La implantación de las OPFH ha sido determinante para la competitividad del sector, demostrando que las intervenciones sectoriales de la PAC generan efectos no solo económicos, sino también organizativos y estructurales.
Intervenciones para el Desarrollo Rural
Las intervenciones de desarrollo rural comprenden un amplio abanico de actuaciones que engloba pagos o ayudas en relación con compromisos medioambientales o climáticas que van más allá de las BCAM; inversiones en activos materiales e inmateriales -incluidas infraestructuras de riego-; apoyo al establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y a la puesta en marcha de nuevas empresas rurales; modernización de explotaciones; compensaciones por limitaciones naturales (como las zonas de montaña); instrumentos de gestión de riesgos relacionados con la actividad agraria sobre los que se carezca de control; así como en cooperación, intercambio de conocimiento y difusión de información.
Volviendo al caso de la Región de Murcia, estas intervenciones de desarrollo rural han permitido que numerosas explotaciones continúen modernizándose y avanzando hacia modelos más eficientes y sostenibles. En una región donde el agua constituye un recurso escaso, las inversiones destinadas a la modernización de regadíos mediante la construcción de balsas, mejora de infraestructuras y la implantación generalizada de sistemas de riego localizado, la han convertido en un referente internacional en la optimización del uso del agua.
Otro avance significativo es el impulso de la agricultura ecológica, apoyado tanto por pagos agroambientales específicos como por ayudas a su conversión y mantenimiento. Estas intervenciones han facilitado la transición hacia modelos de producción ecológicos, reforzando la diferenciación de la producción agraria española en mercados internacionales y contribuyendo a prácticas más respetuosas con el medio ambiente.
Asimismo, las ayudas destinadas a zonas de montaña y áreas con limitaciones naturales han sido fundamentales para prevenir el abandono de explotaciones en áreas vulnerables, donde la viabilidad económica es especialmente difícil, contribuyendo a mantener la actividad agraria y evitar la despoblación rural.
Pese a sus avances, la actual PAC también presenta limitaciones que generan tensiones entre los objetivos que se persiguen y los efectos que producen sobre las explotaciones agrarias, especialmente en relación con la autonomía y capacidad de gestión de sus titulares. Por ejemplo, el diseño de los eco-regímenes y la condicionalidad, aunque suponen un avance en la integración de los objetivos ambientales, ha conducido a que la planificación agrícola se oriente con frecuencia hacia el cumplimiento formal de los requisitos y la prevención de sanciones, más que hacia criterios agronómicos.
A ello se suma la carga administrativa, que afecta de manera especial a las explotaciones pequeñas o familiares, con menor capacidad técnica y que en muchos casos deben recurrir a asesoramiento y apoyo externo para cumplir con las obligaciones exigidas.
A pesar de sus deficiencias, la PAC ha tenido y sigue teniendo un efecto transformador, que ha permitido consolidar un modelo agrario moderno, eficiente e innovador.
El debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034), marcado por la presión sobre las finanzas comunitarias en materia de defensa y seguridad, entre otras políticas, plantea un riesgo significativo de reducción de fondos de la PAC. Ante este escenario, resulta imprescindible situar a la PAC como una prioridad estratégica, pues sus recursos constituyen una inversión clave para garantizar la autosuficiencia alimentaria de la Unión, basándose en un sector agrícola competitivo.
