El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha sido cesado de la Vicepresidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), decisión adoptada este viernes en el Pleno por el presidente del Consejo.
Según ha informado el Colegio, este cese se produce tras las discrepancias mantenidas entre el ICAM y el CGAE en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo.
Discrepancias sobre el modelo presupuestario
En septiembre de 2025, el ICAM presentó una propuesta formal de reforma presupuestaria del CGAE orientada a mejorar su eficiencia, racionalizar el gasto y avanzar hacia un reparto más solidario con los colegios de menor tamaño.
Las propuestas, basadas en criterios objetivos de sostenibilidad y productividad —con medidas como la revisión de determinadas partidas, incluidas las destinadas a sueldos directivos—, fueron rechazadas en su totalidad, sin que existiera margen para el diálogo.
En este contexto, el ICAM puso de manifiesto datos presupuestarios relevantes del CGAE, entre ellos que el presupuesto destinado a personal asciende a 3.688.516 euros y el correspondiente a dietas a 580.597 euros.
En relación con estas últimas, el Colegio recordó que las dietas percibidas por el ICAM durante el mandato de la actual Junta de Gobierno han sido donadas íntegramente a la Fundación ICAM Cortina, destinándose exclusivamente a fines sociales.
Asimismo, se señaló que el coste medio por empleado del CGAE se sitúa en 80.185 euros, frente a un coste medio por empleado en el ICAM de 57.380 euros, lo que supone un incremento del 34 % respecto al gasto de 2023.
En contra de cuotas duplicadas
De forma paralela, el ICAM, siguiendo la línea establecida por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia consolidada, manifestó su rechazo al abono de cuotas duplicadas exigidas por el CGAE, correspondientes a servicios que ya estaban siendo prestados al Colegio a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, y no por el propio CGAE.
La Junta de Gobierno consideró que estas duplicidades carecen de justificación y suponen un perjuicio directo para los intereses económicos de los colegiados.
Por otra parte, el cese se ha producido apenas unas semanas después de que el ICAM haya suprimido el coste asociado al certificado expedido por el CGAE para incorporarse a la profesión, sustituyéndolo por la suscripción de una declaración responsable por parte del nuevo colegiado.
Esta medida, en vigor desde el 1 de enero de 2026, ha supuesto una reducción directa de en torno al 30 % en el coste total de la colegiación para los nuevos profesionales y se enmarca en la voluntad del Colegio de facilitar el acceso a la profesión y eliminar cargas económicas sin justificación objetiva.
Cuotas y vía judicial
Como consecuencia de esta posición, el CGAE decidió interponer una demanda contra el ICAM. Ante esta situación, la Junta de Gobierno mantuvo una postura firme: la defensa del dinero de los colegiados constituye una prioridad irrenunciable. Las cuotas colegiales deben destinarse a ofrecer más y mejores servicios, y no al pago de gastos duplicados sin justificación.
En este sentido, la Junta de Gobierno reitera que, si la resolución judicial que recaiga en el contencioso contra el CGAE por razón del Consejo de Colegios resulta favorable al ICAM, se procederá a la correlativa reducción de las cuotas colegiales, que nunca debieron destinarse al pago por servicios no prestados por el CGAE.
El ICAM asumió así la defensa de esta posición en sede judicial, como ya ha hecho en otras ocasiones cuando han estado en juego los derechos e intereses de sus colegiados, en coherencia con el compromiso adquirido con la abogacía madrileña en el momento de concurrir a las elecciones.
La Junta de Gobierno ha trasladado un mensaje de tranquilidad a todos los colegiados. “Esta situación no afectará en ningún caso a los servicios que el CGAE está legalmente obligado a prestar, conforme a la normativa vigente”, señala.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid seguirá actuando con responsabilidad, firmeza y transparencia, defendiendo “sin ambages los derechos y los intereses de la abogacía madrileña”.
