- «En el desarrollo de proyectos energéticos, lo que realmente marca la diferencia es la tramitación administrativa: los plazos, los criterios y la coordinación entre administraciones»
Esta entrevista ha sido publicada en el número 1028 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
Usted ejerce como abogado desde 1994 y ha asesorado a sectores muy diversos. ¿Qué le ha aportado esa experiencia multisectorial a su actual labor en el ámbito energético?
Ante todo, esa experiencia multisectorial me ha aportado un aprendizaje muy valioso y una visión amplia —casi panorámica, si se permite la expresión— del funcionamiento del ordenamiento jurídico en su aplicación práctica. Trabajar en distintos sectores me ha permitido comprobar que, más allá de las particularidades de cada ámbito, existen patrones comunes en los problemas jurídicos que se plantean en contextos muy diversos.
Obviamente, cada sector tiene sus propias reglas y formas de funcionamiento, que hay que conocer. Y esa experiencia, unida al paso del tiempo, me ha permitido desarrollar una cierta capacidad para adaptarme a entornos regulatorios distintos. Todo ello se traduce, en última instancia, en una forma de analizar los asuntos orientada a identificar cuáles son las claves que los definen, con independencia del ámbito sectorial en que se planteen, incluso cuando no se tenga inicialmente una especial familiaridad con él.
En el ámbito energético, en particular, haber trabajado en otras etapas en áreas como la distribución y comercialización eléctrica o el sector de los hidrocarburos refuerza esa visión de conjunto, que resulta especialmente útil en el desarrollo de proyectos de generación, almacenamiento energético y producción de gases renovables.
Actualmente es responsable jurídico de proyectos energéticos vinculados al agua y a la producción de gases renovables en Magtel. ¿Cómo describiría su día a día profesional?
En muchos aspectos, mi día a día no difiere demasiado del de cualquier otro abogado interno en un entorno empresarial. Mi tarea cotidiana consiste principalmente en acompañar a los equipos en el desarrollo y tramitación de los proyectos dándoles soporte jurídico, identificar riesgos, tratar de anticiparse a los problemas antes de que lleguen a materializarse e intentar aportar soluciones a aquellos otros que no se han podido evitar. Obviamente, centrado en las materias que constituyen el objeto de nuestra área de negocio, aunque cubriendo un abanico bastante amplio de funciones, probablemente de una manera similar a la de cualquier otro in house en el ámbito de actividad de su empresa.
Dicho esto, sí que es muy distinto del que he tenido en etapas profesionales anteriores, centradas en el ejercicio de la profesión en despachos y en la práctica procesal, donde la labor del abogado es mucho más reactiva y orientada a la solución de problemas ya surgidos, sea a través de la negociación o del litigio, si bien desde mis inicios profesionales siempre he sido un firme defensor de lo que podría denominarse «abogacía preventiva».
Al margen de todo ello, sí puede considerarse una peculiaridad de mi trabajo diario el hecho de desarrollarlo en un entorno en el que predominan los perfiles técnicos, lo que exige un esfuerzo considerable por traducir cuestiones jurídicas complejas a un lenguaje comprensible y, a la vez, entender bien los condicionantes técnicos que afectan a cada situación que debo analizar o enfrentar. En ese contexto, una parte importante de mi tarea consiste en integrar el análisis jurídico en procesos que no lo son, de una manera enfocada a la toma de decisiones en el desarrollo de los proyectos.
¿Qué singularidades jurídicas presentan los proyectos vinculados al agua frente a otras tecnologías renovables?
La principal singularidad jurídica que presenta este tipo de proyectos es, sin duda, la propia presencia del agua, en su condición de dominio público hidráulico, como elemento nuclear del proyecto. A diferencia de otras tecnologías renovables, no basta con la autorización administrativa energética, sino que es necesario obtener una concesión para el uso privativo del agua, lo que incorpora a la Administración hidráulica, competente para otorgarla, como actor necesario en la tramitación.
Esta circunstancia no sólo añade al proyecto la complejidad propia de la tramitación de las concesiones demaniales, sino que introduce, también, un problema adicional, que tiene que ver con la necesaria coordinación entre la Administración sustantiva competente en materia de Energía, sea estatal o autonómica, y la competente en materia de agua, ya sean las confederaciones hidrográficas o los órganos autonómicos en las cuencas intracomunitarias, que en la práctica no siempre ha sido todo lo eficaz que cabría desear.
Esta dualidad ha sido, y en buena medida sigue siendo, una fuente recurrente de problemas e incertidumbre. La autorización sustantiva energética y la concesión de aguas de un mismo proyecto se tramitan en procedimientos separados, ante administraciones competentes distintas, sin una coordinación garantizada entre ellas, lo que, en no pocos casos, provoca desajustes en los plazos, criterios que no se alinean y pueden llegar incluso a resultar contradictorios, y situaciones en las que el promotor queda, en cierto modo, atrapado en medio de esa fricción.
En el caso de las plantas fotovoltaicas flotantes, este problema se abordó con el Real Decreto 662/2024, que estableció un procedimiento unificado, y constituyó un avance real. Sin embargo, para otra tecnología clave para la gestión del sistema y el almacenamiento de energía como es el bombeo reversible, esa coordinación sigue pendiente y generando desajustes que a veces alcanzan una intensidad considerable.
Recientemente el MITECO ha lanzado una consulta pública previa sobre la elaboración de un procedimiento administrativo unificado para el otorgamiento de permisos y la concesión de aguas en centrales hidráulicas reversibles, lo que demuestra que la Administración es plenamente consciente del problema. Sin embargo, la solución no avanza todo lo rápido que sería deseable, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de las inversiones asociadas a este tipo de proyectos y la incertidumbre que, a día de hoy, persiste en el sector.
Usted ha participado en la tramitación de más de 2.500 MW en proyectos fotovoltaicos… ¿Diría que la adaptación a la Directiva (UE) 2018/2001 y la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima han supuesto una evolución en la seguridad jurídica del sector?
Efectivamente, he tenido la oportunidad de participar desde el plano jurídico en la tramitación de proyectos de cierta envergadura, siempre dentro de equipos multidisciplinares donde el papel del abogado suele ser —por decirlo de algún modo— más discreto que el de los perfiles técnicos, pero no por ello menos necesario. Desde mi experiencia, la cuestión de la seguridad jurídica en un sector tan complejo y en constante evolución no es sencilla. Es indudable que en los últimos años se han producido cambios relevantes en la normativa, impulsados en buena medida por las directivas europeas. Eso ha permitido avances reales, como una mayor simplificación de determinados trámites y una orientación más clara hacia la agilización de los proyectos renovables.
Sin embargo, siguen existiendo problemas importantes, especialmente en la coordinación administrativa y en los plazos de tramitación, que en muchos casos continúan siendo demasiado largos. En definitiva, hay un progreso evidente, pero aún no se ha alcanzado un marco plenamente ágil y homogéneo.
El PNIEC, por su parte, responde a otra lógica. Es un instrumento de planificación estratégica, sin carácter de norma jurídica, y su relación con la seguridad jurídica es más bien indirecta: puede orientar al sector sobre hacia dónde se dirige el marco regulatorio, pero no genera por sí mismo certeza jurídica.
Dicho esto, la práctica del día a día demuestra que la seguridad jurídica no depende tanto de la norma como de cómo se aplica. En el desarrollo de este tipo de proyectos, lo que realmente marca la diferencia es la tramitación administrativa: los plazos, los criterios, la coordinación entre administraciones… y es ahí donde siguen apareciendo muchas de las incertidumbres. Especialmente cuando intervienen varias administraciones, como ocurre de forma muy clara en los proyectos vinculados al agua. Las reglas pueden ser claras, pero si los plazos no se cumplen o la coordinación entre administraciones falla, la incertidumbre aparece igualmente.
¿Cuáles son los principales desafíos jurídicos en esta materia?
Más que hablar de muchos desafíos distintos, diría que el principal reto jurídico está en hacer que el sistema funcione de manera razonablemente coherente en la práctica. En este ámbito confluyen normas de distintos niveles —europeo, estatal y autonómico— y, además, un marco regulatorio en constante evolución. Esa dinámica conlleva la introducción frecuente de nuevas normas y ajustes que, aunque responden a la necesidad de impulsar el sector, no siempre contribuyen a reforzar la coherencia del conjunto. Un ejemplo lo tenemos en la reciente derogación del régimen de garantías económicas para la tramitación de los permisos de acceso y conexión de demanda, que había sido introducido en el ordenamiento apenas dos años antes.
A ello se suma la existencia de múltiples procedimientos administrativos que no siempre están bien coordinados entre sí. Esa complejidad es en gran medida inevitable, pero en la práctica genera fricciones que acaban trasladándose directamente al desarrollo de los proyectos.
También hay que compatibilizar el despliegue de infraestructuras energéticas con la protección ambiental y con otros usos del territorio, lo que introduce tensiones adicionales que tampoco tienen soluciones simples. En este contexto, el problema no suele ser tanto la falta de normas como su aplicación efectiva. En definitiva, el principal desafío jurídico está en que los procedimientos sean previsibles, que los plazos se cumplan y que las distintas administraciones actúen con un mínimo de coordinación. Cuando eso falla, y no es infrecuente, la incertidumbre aparece, incluso aunque el marco normativo sea, en teoría, claro.
Además de su actividad empresarial, es especialista en Derecho Deportivo y ocupa cargos en diversas asociaciones académicas y profesionales. ¿Qué le aporta esa dimensión al ejercicio como abogado de empresa?
Mi vinculación con el derecho deportivo es absolutamente vocacional y nace de mi pasión por el deporte. Digamos que en mi vida estaba primero el deporte, luego llegó el Derecho, y el descubrimiento de esta área específica me ha permitido integrar ambas realidades. Esta vinculación se manifiesta no sólo en el sentido específico de jurista que estudia y analiza la normativa reguladora del fenómeno deportivo, sino también —y quizás sea lo más importante— en el de aplicar los valores del deporte al ejercicio de la abogacía. El deporte es una escuela para la vida, y el derecho no es más que una parte de ella.
Dicho eso, cuando hablamos de derecho deportivo con personas no especialmente iniciadas en el tema —incluso profesionales— es frecuente encontrarse con la errónea creencia de que se limita a las estrictamente federativas o competicionales. Sin embargo, se trata de una materia mucho más amplia.
La especificidad del deporte, un concepto jurídico fundamental en el derecho de la Unión Europea, actúa como un principio transversal que encuentra su reflejo y manifiesta su influencia en prácticamente todas las ramas del derecho. Al reconocer que el deporte no es una actividad económica convencional, este concepto opera como un «filtro de proporcionalidad», en áreas como el derecho de la competencia, el laboral, el administrativo, el civil o el penal. En definitiva, asegura que la norma jurídica no se aplique de forma rígida, sino adaptada a las necesidades únicas de integridad, equidad y función social que definen al fenómeno deportivo.
Esa percepción transversal del ordenamiento jurídico resulta, desde luego, extraordinariamente enriquecedora para mí, no sólo como abogado de empresa, sino como jurista en el más amplio e integral de los sentidos.
Además, puede decirse que el componente pasional que para mí tiene esta materia me aporta una motivación adicional para el estudio profundo del derecho, por encima de otras ramas que —no pasa nada por confesarlo— a veces resultan menos estimulantes intelectualmente. Pero, en definitiva, todo lo aprendido, argumentado, debatido y reflexionado en este campo, redunda en beneficio del ejercicio de la abogacía en cualquier área.
También ha desarrollado una faceta vinculada al periodismo y la radio… Esta experiencia relacionada tan estrechamente con la comunicación ¿en qué resulta beneficiosa a la hora de ejercer la abogacía?
La comunicación es una faceta fundamental en el trabajo del abogado. Ya sea para defender un argumento en sala o una estrategia en una negociación, la capacidad de ordenar ideas, expresarlas eficazmente y hacerse entender resulta una herramienta esencial. Sin ella no resulta posible alcanzar el que suele ser el objetivo final en cualquier actuación profesional, sea en un ámbito de litigio, de asesoramiento o de transacción: convencer.
Para mí, la radio, además de permitirme descubrir una vocación oculta, ha sido una experiencia muy enriquecedora en ese aspecto. Además, se da la circunstancia de que precisamente llegué a ese mundo a través del derecho deportivo y, más allá de otras facetas más puramente deportivas o periodísticas, haber tenido la oportunidad de hablar sobre cuestiones jurídicas, a veces complejas, dirigiéndome a una audiencia generalista, no especializada, ha supuesto un reto apasionante. Y a la vez un ejercicio muy instructivo.
Como anécdota, hace unos años me invitaron a participar en una mesa redonda sobre temas concursales. Abogados y economistas, todo muy técnico. Al final del acto, alguien me comentó: «Se nota que te manejas en la radio». Sin ser del todo consciente de ello, parece claro que el beneficio estaba ahí. Siento una pasión profunda por la comunicación en general, y por la radio en particular, y añoro bastante esa etapa. Espero tener pronto la oportunidad de retomarla.
