La Fiscalía de la Comunidad de Madrid incide en la necesidad de implantar un protocolo específico de actuación para los gabinetes de prensa de las fiscalías, tras las conclusiones extraídas de los últimos años de actividad y, especialmente, de los «efectos colaterales» desde el punto de vista comunicativo del juicio celebrado el pasado mes de noviembre en el Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.
Así lo recoge en su Memoria correspondiente al año 2025, un documento en el que se recoge que considera «urgente» establecer unas pautas de actuación a las que puedan acogerse los responsables de los gabinetes de prensa, de manera que su labor pueda ser valorada conforme al cumplimiento de unos criterios previamente establecidos.
El procedimiento contra García Ortiz estuvo relacionado con la difusión de un correo electrónico confidencial y una nota de prensa sobre el caso que afectaba al entonces novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía madrileña recuerda que, hasta la fecha, la actividad de estos gabinetes se ha regido por la Instrucción 3/2005 de la Fiscalía General del Estado, relativa a la relación del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación.
Sin embargo, subraya que han transcurrido 20 años desde su aprobación y que durante este periodo las formas de comunicación han experimentado una profunda transformación, especialmente por la aparición y consolidación de las redes sociales.
En este sentido, considera necesario actualizar la instrucción vigente a los tiempos actuales o elaborar de forma urgente un protocolo específico de comunicación, tomando como referencia el modelo que, según apunta, funciona desde hace años en los gabinetes de prensa dependientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Reglas claras y tipo de documentos
La Fiscalía de Madrid plantea además que este protocolo debería concretar «aún más» qué tipo de documentos pueden trasladarse a los medios de comunicación y en qué momento pueden ser facilitados.
A su juicio, contar con unas reglas claras permitiría también a los responsables de los gabinetes de comunicación justificar ante los periodistas los motivos por los que determinados documentos pueden ser facilitados y otros no, evitando así dudas sobre los criterios aplicables en cada caso.
La Memoria sitúa esta reflexión en el contexto de la experiencia acumulada durante los diez años de actividad del Gabinete de Prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y de las enseñanzas que, desde el punto de vista de la comunicación institucional, dejó el procedimiento seguido ante el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado.
La propuesta pasa, por tanto, por dotar a los gabinetes de prensa de la Fiscalía de un marco de actuación actualizado y homogéneo, adaptado al actual escenario informativo y a las nuevas vías de difusión de información, que permita delimitar con mayor precisión la comunicación con los medios y el acceso a documentación.
