El exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce ha defendido este jueves la importancia del sometimiento de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución «por propia convención expresada en el Pacto Constitucional».
El exfiscal, que actualmente ejerce la abogacía, ha sido galardonado con el XXII Premio Pelayo por su "larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española.
Torres-Dulce ha recibido el premio de manos del exministro socialista Fernando Ledesma en un acto presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
La ceremonia de entrega del premio, dotado con 30.000 euros, exentos de impuestos, ha contado con la presencia de destacados miembros de la cúpula judicial como son los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, numerosos magistrados de este órgano y del Tribunal Constitucional, fiscales -entre ellos la hasta ahora fiscal general Concepción Madrigal-, vocales del CGPJ y diputados.
También han asistido el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; la defensora del pueblo, Soledad Becerril, la presidenta del grupo municipal del PP Esperanza Aguirre y el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría.
EL PATRIOTISMO DEL JURISTA
Durante su discurso, Torres-Dulce se ha referido al "patriotismo del jurista, sin más servicio que la libertad de sus conciudadanos que aspiran siempre a que se les haga justicia" y ha subrayado que tanto los ciudadanos como los poderes públicos son "esclavos, servidores fieles" de la Constitución.
En este punto ha destacado que deben ser los poderes públicos, "como depositarios de este pacto social", los que deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas".
Por ello, a juicio del exfiscal general, se deben "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
No obstante, Torres-Dulce ha reconocido que las leyes "son siempre vacilantes en tanto no se apoyen en costumbres" y por ello tiene sentido "la referencia a la realidad social que exige la interpretación de las leyes".
Ha añadido que "en estos tiempos turbulentos y cambiantes que amenazan con despedazar o desvirtuar el legado irrenunciable de derechos y garantías" conviene "alzar la voz y reivindicar cueste lo que cueste ese bagaje de esperanza que son los derechos fundamentales".
Por ello, considera que los juristas deben proporcionar "que la interpretación y la aplicación de las leyes se haga en un clima de libertad", superando un debate que muchas veces es "oscurecido por el ruido y la furia" en forma de censura "que ha tomado la forma de lo políticamente correcto".
"Tenemos la obligación de no rendirnos jamás -ha concluido-, se requiera o no de nuestros servicios como le escribiera Cicerón a Varrón, escribiendo, leyendo, actuando en la curia y en el foro sin desmayo ni pesimismo".