Cuando analizamos la evolución de los concursos de acreedores en España tendemos a interpretar las cifras como un reflejo directo de la salud de nuestra economía. Sin embargo, los datos concursales, por sí solos, pueden ofrecer una imagen incompleta de lo que realmente está ocurriendo en las empresas.
En el ámbito de la insolvencia, los números a menudo ocultan más de lo que revelan. Cuando observamos el incremento o descenso de los concursos de acreedores en España, tendemos a realizar una lectura lineal, o, más bien, generalizada: si suben, la economía va mal; si bajan, estamos en recuperación.
Esta interpretación es incompleta y, en muchos casos, errónea. La realidad del tejido empresarial español es mucho más compleja y requiere un análisis que trascienda la frialdad de los gráficos para entender qué ocurre realmente dentro de las compañías.
Un error común es considerar que el cierre concursal de una empresa es siempre el síntoma de una enfermedad económica a gran escala estatal y viceversa, si las presentaciones de concursos de acreedores bajan (como ha ocurrido en los últimos trimestres) se interpreta que todo marcha bien a nivel global.
Nada más lejos de la realidad. La insolvencia puede obedecer a una pluralidad de factores que no siempre guardan relación con el PIB o la inflación y, sobre todo, los empresarios no se deben fiar de estos datos para decidir qué pasos tomar. En muchas ocasiones nos encontramos con empresarios “viciados” por estas informaciones: “Si ha bajado la presentación de concursos de acreedores, quizás la situación esté mejorando y pueda, con el tiempo, superar el bache en el que me encuentro”.
Sin embargo, la presentación de un concurso de acreedores responde a un sinfín de extremos concretos como pueden ser causas endógenas (una gestión deficiente de fondo, una falta de adaptación tecnológica, la pérdida de un cliente estratégico o una estructura de costes sobredimensionada). También existen problemas de carácter sectorial que afectan a un nicho específico mientras el resto de la economía prospera, o problemas coyunturales que, aunque graves, son transitorios.
Por tanto, el concurso no debe leerse únicamente como un fracaso del sistema, sino como el resultado de circunstancias particulares de cada empresa y que no necesariamente tienen que tener un efecto global o ni tan siquiera sectorial.
Como expertos, debemos enfatizar que lo verdaderamente relevante no es el dato externo que publica el INE o el Colegio de Registradores o los propios juzgados, sino los datos internos que arroja la propia empresa. La contabilidad y los indicadores de liquidez son el verdadero termómetro. Ignorar estas señales internas por miedo al estigma del concurso es lo que realmente aboca a la empresa a una liquidación irreversible.
Existe en España una cultura del miedo hacia el procedimiento concursal, viéndolo como el «paso previo al cementerio». Esta percepción es peligrosa porque retrasa la toma de decisiones, pudiendo este retraso afectar incluso a nivel personal. El concurso de acreedores, bien gestionado y solicitado a tiempo, es una herramienta jurídica de primer orden con dos funciones vitales:
El cierre ordenado y la protección del administrador: Si la empresa no es viable, permite una liquidación que respeta la jerarquía de créditos, evitando que el administrador incurra en responsabilidad subsidiaria por deudas sociales.
La vía de salvación: Si es factible, puede ser un mecanismo diseñado para la reestructuración, permitiendo que empresas viables operativamente, pero asfixiadas financieramente, puedan seguir funcionando.
Las propias reformas legislativas han ido enfocadas hacia un interés público de mantener el tejido productivo, debiéndose optar siempre por intentar salvar la actividad empresarial.
Las estadísticas tampoco reflejan fielmente la situación porque muchas empresas llegan al juzgado cuando ya no queda nada que salvar. La reciente reforma ha dado carta de naturaleza a los llamados «concursos sin masa».
Cuando una empresa se acoge a esta modalidad, se produce un cierre registral casi inmediato. Para la estadística, es un número más; para la economía real, es una empresa que probablemente llevaba meses o años «muerta» en la sombra. Esto distorsiona la percepción de la salud económica actual, ya que muchos cierres que vemos hoy corresponden a insolvencias que se gestaron mucho tiempo atrás.
Despenalizar socialmente el fracaso empresarial sigue siendo una tarea pendiente en nuestra cultura. La legislación ha avanzado significativamente en la protección del deudor de buena fe tanto a nivel societario como incluso personal.
Este derecho a empezar de nuevo es la clave para que el empresario no oculte su situación y actúe de forma proactiva. Valorar los datos internos, perder el miedo al proceso judicial y entender que el concurso es una vía para seguir operando o para cerrar sin arrastrar deudas de por vida, es el cambio de mentalidad que España necesita. Las estadísticas seguirán publicándose, pero la verdad de nuestra economía se escribe cada día en las decisiones valientes de quienes saben cuándo es el momento de pedir ayuda legal.
