La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró al término del Consejo de Ministros de ayer que esta norma y el Proyecto de Ley que crea el Fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico -ya en tramitación en el Congreso- permitirán retirar más de 6.000 millones de cargos de la parte regulada de la factura de la luz de un modo progresivo en los próximos 5 años.
Ribera afirmó que tanto estas reformas, como el resto de las ya planteadas en un ámbito tan complejo como el de la energía, descansan en el principio de que «los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables«. En este sentido, recordó la vigencia de la rebaja temporal del IVA o la suspensión del impuesto a la generación.
Respecto a la norma aprobada, Ribera explicó que afecta a las plantas de generación eléctrica que no emiten CO2 -esencialmente nucleares e hidroeléctricas- que estaban en funcionamiento antes de la creación del mercado europeo de derechos de emisión. Estas centrales, ha continuado, fueron diseñadas para obtener un nivel razonable de beneficios cuando no había necesidad de internalizar un precio por CO2. Pero actualmente, el carbono se ha encarecido más de un 60% en un año, lo que repercute en los precios de los mercados mayoristas de los que estas plantas se benefician, por lo que es importante actuar en este ámbito.
El planteamiento, continuó, es recortar, en el momento de la liquidación, el importe equivalente a los ingresos que reciben las centrales eléctricas anteriores al nacimiento del mercado europeo de derechos de CO2 cuando el precio del carbono supera un determinado umbral.
Concretamente, el umbral mínimo que garantiza que no se produzca este descuento son 20 euros por tonelada de Co2, que ha sido el precio medio en los últimos 5 años: «De esta manera aseguramos la viabilidad de las plantas, ninguna puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento», señaló Ribera.
La previsión es que la entrada en vigor de esta norma permita obtener 625 millones de euros para cubrir costes del sistema eléctrico, incrementar las partidas disponibles para proteger a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social y rebajar la factura final de todos los consumidores. Hogares y pymes pagarían un 2,5% menos, con variaciones según el tipo de tarifa al que estuvieran acogidos.
