- El presidente del TC defiende que los principios rectores de la política social y económica son mandatos que obligan a los poderes públicos y no «meras promesas sin consecuencias jurídicas»
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha defendido la labor y la importancia del alto tribunal, llamado a pronunciarse sobre algunos de los «problemas sociales más urgentes de nuestro tiempo» desde la posición que le corresponde: no como árbitro distante de debates ajenos, sino como garante de la Constitución ante decisiones que afectan directamente a la vida de las personas.
Así lo ha señalado durante la inauguración de las XXXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Logroño (La Rioja), bajo el título «Los principios rectores de la política económica y social». Al comienzo del acto se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).
Para Conde-Pumpido, los principios rectores establecidos en la Constitución son mandatos que deben orientar, vincular y obligar a los poderes públicos, y no «declaraciones retóricas» o «meras promesas sin consecuencias jurídicas». Entre ellos figuran cuestiones como la familia, la infancia, la juventud, el progreso social y económico, la Seguridad Social y la salud, la cultura, el medio ambiente, la vivienda, las personas con discapacidad o las personas mayores.
«La dificultad de acceso a la vivienda, la transición energética, el envejecimiento de la población, la suficiencia de los sistemas de protección social, la inclusión efectiva de las personas con discapacidad y la igualdad real no son cuestiones periféricas. De la respuesta que reciban dependen la confianza ciudadana, la cohesión social y, en último término, la legitimidad cotidiana del Estado constitucional. Esto coloca al intérprete constitucional ante una exigencia clara: servir a esa realidad desde el único lugar que le corresponde, el de la Constitución como norma», ha reflexionado el presidente.
La Constitución como garantía de una igualdad real y efectiva
En este sentido, Conde-Pumpido ha recordado que la Constitución obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.
«Para quien carece de esas condiciones materiales, la libertad y la igualdad corren el riesgo de convertirse en promesas formales, incapaces de sostener una vida digna», ha señalado durante el acto, en el que ha estado acompañado por el presidente de la Asociación, Ignacio García-Perrote.
El presidente del TC ha explicado que la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como regular la utilización del suelo conforme al interés general.
Sin embargo, ha recordado que también están presentes el derecho de propiedad, la libertad de empresa, la autonomía local y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por ello, ha subrayado que el análisis constitucional no admite fórmulas simples, sino que exige ponderar bienes y competencias, examinar cada medida concreta y atender a sus efectos jurídicos reales.
Vivienda y medio ambiente
En su discurso, Conde-Pumpido también ha abordado el derecho a un medio ambiente adecuado, recordando que la Constitución impone el deber de conservarlo y encomienda a los poderes públicos la utilización racional de los recursos naturales.
En este sentido, ha destacado que el medio ambiente no constituye un sector aislado del ordenamiento jurídico, sino un bien constitucional que atraviesa la ordenación del territorio, la actividad económica y la responsabilidad de las generaciones presentes frente a las futuras.
Según el presidente del Tribunal Constitucional, tanto la vivienda como el medio ambiente plantean una misma exigencia: integrar la sostenibilidad económica, social y ambiental. Por ello, ha defendido que los principios rectores permiten abordar estas dimensiones desde una perspectiva constitucional conjunta.
«Interpretar a la luz de los principios rectores no significa convertir una preferencia política en mandato constitucional ni alterar las reglas competenciales. Significa tomarse en serio la unidad de la Constitución: leer cada precepto junto a los demás, y procurar que ninguna de sus partes quede privada de efecto», ha concluido.
Al acto han asistido la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán Huertas, y las magistradas Concepción Espejel Jorquera, María Luisa Segoviano y Laura Díez Bueso, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca Matute; el presidente de la Audiencia Provincial, Ricardo Moreno García; el fiscal superior, Santiago Herráiz España; el decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja, Federico José Bravo Hernández, y el gerente territorial de Justicia, Vicente Pérez Corral.
Finalmente, Conde-Pumpido ha agradecido a los letrados y las letradas del Tribunal Constitucional su trabajo «técnico, discreto y muchas veces decisivo». Asimismo, ha destacado que estas jornadas constituyen una oportunidad para compartir conocimiento, contrastar perspectivas jurídicas y contribuir a la construcción de una cultura constitucional común.
