Los desacuerdos en el seno del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Pinto respecto al Plan General de Ordenación Urbana pueden llevar a una moción de censura en la que se eliminaría a la actual alcaldesa del Partido Popular. Un nuevo caso de la presión sobre textos legales que llevan al traste equipos de gobierno.
La alcaldía de Pinto, en la actualidad del PP y en minoría después de que un concejal de un partido independiente retirara el apoyo institucional para la gobernabilidad de la localidad, peligra por no ceder a un cambio en el PGOU.
Al respecto de la situación, que se dirimirá según parece en el mes de septiembre con el reinicio del curso político, Francisco Granados, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha afirmado que los informes de medio ambiente y urbanismo al respecto de los Planes de urbanismo "no están sujetos a los cambios de Gobierno ni a las posturas de los diferentes grupos de los ayuntamientos, sino que los realizan los técnicos en base a criterios objetivos y no pueden alterarse en función de las conveniencias políticas de nadie". "La tramitación urbanística es la misma para todos lo municipios, gobierne quien gobierne, y sean las circunstancias y los equilibrios de partidos que sean", señaló.
