El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está realizando un estudio sobre los efectos que la huelga de funcionarios está teniendo en los diferentes órganos judiciales afectados, con el fin de adelantar las necesidades de refuerzo que se requerirán una vez concluya la protesta. La realización de este informe fue aprobada formalmente y por unanimidad en la Comisión Permanente del Consejo celebrada ayer.
El objetivo del estudio es, además de constatar los datos ya previsibles -que la huelga está afectando al servicio de Administración de Justicia-, ir adelantando las medidas de refuerzo que serán necesarias para hacer frente a los retrasos en la tramitación de asuntos como consecuencia de la huelga.
De momento, tan sólo el Tribunal Supremo ha realizado una manifestación formal sobre la incidencia que la huelga que mantienen los funcionarios de Justicia está teniendo en su "función jurisdiccional". De forma oficiosa, el Consejo tiene conocimiento de los efectos que la protesta en otros órganos judiciales españoles, como Asturias, Murcia o Baleares.
Con la realización de este informe el máximo órgano de gobierno de los jueces busca evaluar las necesidades de cada juzgado y adelantar el trabajo que se le vendrá encima para paliar los efectos del que hasta ahora ha sido un mes y una semana de paralización en muchos órganos judiciales, durante el cual tan solo han funcionado los servicios mínimos establecidos por ley.
Realizan la huelga los funcionarios cuyo salario depende del Ministerio de Justicia, que reclaman ser igualados a los que trabajan para órganos en los que la gestión depende de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.
