El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado a realizar un estudio sobre los efectos que la huelga de funcionarios está teniendo en los diferentes órganos judiciales afectados, con el fin de adelantar las necesidades de refuerzo que se requerirán una vez concluya la protesta, informaron fuentes del Consejo.
La Comisión Permanente de este órgano dará cobertura legal a dicho informe en su reunión del próximo miércoles, a propuesta del vocal Enrique López. El objetivo del estudio es, además de constatar los datos ya previsibles -que la huelga está afectando al servicio de Administración de Justicia-, ir adelantando las medidas de refuerzo que serán necesarias para hacer frente a los retrasos en la tramitación de asuntos como consecuencia de la huelga.
De momento, tan sólo el Tribunal Supremo ha realizado una manifestación formal sobre la incidencia que la huelga que mantienen los funcionarios de Justicia está teniendo en su "función jurisdiccional". De forma oficiosa, el Consejo tiene conocimiento de los efectos que la protesta en otros órganos judiciales españoles, como Asturias, Murcia o Baleares.
Con la realización de este informe el máximo órgano de gobierno de los jueces busca evaluar las necesidades de cada juzgado y adelantar el trabajo que se le vendrá encima para paliar los efectos del que hasta ahora ha sido un mes de paralización en muchos órganos judiciales, durante el cual tan solo han funcionado los servicios mínimos establecidos por ley.
Precisamente hoy, que se cumple un mes de huelga indefinida, está convocada una nueva mesa de negociación entre ambas partes. Desde el inicio de las movilizaciones han sido varios los intentos de acercamiento pero todos se han saldado con fracaso.
Realizan la huelga los funcionarios cuyo salario depende del Ministerio de Justicia, que reclaman ser igualados a los que trabajan para órganos en los que la gestión depende de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.