“La reforma es inaplazable y la crisis no puede servir ni de excusa ni de obstáculo”. Así de contundente se mostró ayer Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en un desayuno organizado por el Club Internacional de Prensa.
Un nuevo modelo de planta judicial y una reforma de los procesos son las dos principales prioridades que el nuevo Gobierno debería abordar de forma urgente, según el CGPJ. Así lo puso de manifiesto ayer su portavoz, Gabriela Bravo, quien señaló que el actual modelo de Justicia "se trata de un modelo acabado que adolece de graves problemas de eficacia y eficiencia y en el que las inversiones ya no se rentabilizan".
En su opinión, las muestras de cansancio del actual modelo se reflejan en paradojas como que España sea el primer país de la Unión Europea en cuanto al personal al servicio de la Administración de Justicia y, en cambio, las quejas por falta de personal sean constantes. Por ello, abogó por una gran reforma de la Justicia y no tanto por la introducción de medidas como el pago de tasas que, en su opinión, "responsabilizan al ciudadano de un problema que arrastramos desde tiempo históricos".
La primera tarea del Gobierno debería ser la formulación de un nuevo diseño de la planta judicial, en el que se supere el concepto de juzgado "dado que el coste de un juzgado no se corresponde con su rentabilidad y no permite el aprovechamiento de los recursos ni un mayor reparto de los mismos", y se prime la reagrupación de los partidos judiciales, con el fin de optimizar los recursos y reducir los gastos, así como por la especialización de los jueces. Todo ello para dar respuesta a una litigiosidad que ha aumentado un 33% en los últimos 10 años y que desde septiembre de 2008 se ha disparado como consecuencia de la actual crisis económica.
Reforma de los procesos penales
Una segunda prioridad a abordar por el nuevo ejecutivo sería una reforma de los procesos de primera instancia, y en concreto, de los procesos penales que, como señaló Gabriela Bravo, ocupan actualmente el 71% de los procesos. En su opinión, esta reforma, que supondría modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debería pasar por hacer procedimientos menos burocráticos y más sencillos, pero también por un configurar una policía judicial, dotar de una mayor capacidad de actuación al Ministerio Fiscal, y también, una nueva regulación del secreto sumarial para evitar las filtraciones actuales.
Sin embargo, una y otra reforma requerirían, según el CGPJ, de un gran pacto de Estado en el que estuvieran presentes todas las fuerzas políticas, pero también sociales y en el que se crease un modelo que convierta la inversión en Justicia no sólo en rentable, sino también en algo que reporte beneficios al conjunto de la economía.
Los nombramientos del CGPJ, a debate
Preguntada por un posible cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ, la portavoz defendió el actual sistema: "nuestra elección parlamentaria nos da legitimación democrática, pero no nos convierte en correa de transmisión de los partidos políticos que nos han elegido y creo que en los tres años de vida del actual Consejo hemos dado prueba de ella".
Agosto mes hábil
En cuanto a la propuesta del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de convertir agosto en mes hábil a efectos judiciales, Gabriela Bravo señaló que "desde el CGPJ no hemos abordado esta cuestión, pero a título personal me parece una propuesta a estudiar si tenemos en cuenta que en nuestros días se ha producido un cambio cultural respecto al disfrute de las vacaciones".
