El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha dicho este lunes que la Ley de Seguridad Ciudadana sumada a las nuevas tasas judiciales generará «indefensiones a barullos». «Ponemos cantidades tremendas y luego le aplicamos las tasas», ha recalcado, aludiendo así a la alta cuantía de las multas previstas en la nueva ley.
En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Carnicer se ha referido así a la aplicación de las tasas judiciales que se suman al "importe de las infracciones" que han sido "filtrados" y que previsiblemente están recogidos en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por el Gobierno la semana pasada.
Asimismo, ha reiterado que la Ley de Tasas ha recaudado "escasamente" y ha criticado que dichos ingresos no se destinen a la Justicia gratuita: "Se invocaron razones de recaudación que han fracasado, y ha triunfado la disuasión" ha especificado. Asimismo, ha hecho hincapié de nuevo en la necesidad de "recapacitar" para "intentar una solución" ya que las clases medias son las más afectadas.
Por otro lado, Carnicer ha criticado la "excesiva politización" en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al mismo tiempo que ha insistido en que se escuche a los profesionales para la toma de decisiones en este sector.
"Me conformaría con que se estableciese un trámite de audiencia a los responsables de las profesiones, tanto jueces, fiscales, abogados procuradores, de todos los que padecemos o disfrutamos de la Administración de Justicia, para oírnos simplemente, para contrastar criterios de unos y de otros", ha señalado al respecto.
"Pedimos participación en la toma de decisiones", ha insistido, recalcando que de esta manera los políticos tomarían las decisiones "con la mayor base para sustentar la dificilísima pirámide del organigrama jurisdiccional español". No obstante, ha mencionado la dificultad que existe en el nombramiento del CGPJ ya que la Constitución deja "establecido un marco".
La lentitud es el "gran problema"
Carnicer se ha referido también a la lentitud de la justicia española como el "gran problema", y además ha criticado la Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia llevada a cabo por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya que considera que "se limita a despedir a 1.300 jueces y fiscales" en una momento de "colapso" en el sector. "A una justicia atascada no le puede quitar usted medios", ha puntualizado.
En referencia a la anulación de la doctrina Parot aplicada con carácter retroactivo, el magistrado ha dicho que "los primeros responsables son los legisladores". "En este caso se ha pretendido echar la culpa a los jueces y no la tienen", ha subrayado, precisando que se han "limitado a interpretar las leyes".
Según Carnicer, la Constitución obliga a "rehabilitar a aquellos que se equivocaron", y partiendo de ese hecho, los legisladores son los que tienen que "reaccionar si se restringe la libertad o se da demasiada". "No me gusta que personas peligrosas estén en la calle, pero quizá me gusta igual o menos que se prive de libertad", ha añadido.
