El Consejo de Ministros ha conocido un informe en el que se aborda el marco jurídico actual de los servicios de taxi y VTC y se realizan una serie de propuestas de mejora para la convivencia de ambos sectores, informó el Ejecutivo al término de la reunión de la mesa interministerial del pasado viernes.
En el informe se reconoce que el papel de los servicios de alquiler de vehículo con conductor (VTC) han cambiado sustancialmente en los últimos años, y hoy en día se han convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana o periurbana que prestan servicio, en muchos casos, en competencia con el taxi.
Por otra parte, en un contexto europeo en el que uno de los grandes retos es alcanzar una movilidad urbana sostenible, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas. Sin duda, deben ser políticas de movilidad que integren a todos sus instrumentos, en los que tanto el taxi como la VTC, así como como el resto de formas de movilidad, tienen que tener un papel protagonista.
Por ello, y dado que las Comunidades Autónomas ya son competentes en el transporte por carretera que discurra íntegramente en su territorio, el informe propone acometer una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) según la cual las propias Comunidades Autónomas puedan regular en el ámbito de la VTC de ámbito nacional, permitiendo imponer a las mismas aquellas condiciones que consideren adecuadas en el marco de su política de movilidad, siempre que el origen y destino de los servicios discurra en su territorio.
Esta modificación de la LOTT también incluirá otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio que en los últimos años se ha producido entre el número de autorizaciones de taxi y VTC. Esta modificación legal se instrumentará a lo largo del mes de septiembre de 2018.
Ello no implica que las Comunidades Autónomas se tengan que ver obligadas a regular en este ámbito, y si una administración autonómica decidiera no hacerlo, seguiría siendo de aplicación la normativa estatal.
Por otra parte, se destaca que la actividad desarrollada por el taxi se encuentra sujeta a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas (tarifas obligatorias en todo caso, horarios y calendarios determinados, estacionamientos en zonas reservadas, etc.), mientras que la actividad de las VTC ha venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la precontratación de servicios.
En este sentido, se propone la creación de un Grupo de Trabajo de Propuestas y Buenas Prácticas Relativas a los Sectores del Taxi y las VTC, para analizar e identificar aquellos aspectos que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia y la prestación del servicio de ambos, así como compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que corrijan el desequilibrio actual.
Por último, se destaca la importancia del "Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor" que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico en el Ministerio de Fomento como un mecanismo de control esencial para el cumplimiento de la normativa. Se está trabajando con el objetivo de que el mismo pueda empezar a utilizarse a final de este año 2018.