El Departamento de Justicia y el Colegio de Abogados controlarán el acceso a la justicia gratuita de los conductores detenidos por ebriedad o velocidad excesiva, con el fin de evitar los casos de abuso que se están detectando por parte de automovilistas con suficiente dinero para pagarse un abogado.
Así lo ha explicado en rueda de prensa la consellera de Justicia, Montserrat Tura, tras la firma de sendos acuerdos con el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Consejo de Colegios de Procuradores de Tribunales de Cataluña para establecer los marcos de actuación que deben regir la asistencia jurídica gratuita.
Una de las principales novedades de estos acuerdos es que se proponen limitar el acceso a la justicia gratuita a las personas con recursos que son detenidas por circular ebrias o a velocidad excesiva, cuyo número ha aumentado a raíz del endurecimiento del Código Penal para las infracciones de tráfico.
Se trata, ha aclarado la consellera, de que la persona sorprendida con alcoholemia o un límite de velocidad excesivo "pero que conduce un coche de gama alta, no por el hecho de haber sido detenida a las tres de la mañana tendrá derecho a asistencia jurídica gratuita".
Por este motivo, el Departamento pedirá a la policía que advierta a los conductores detenidos, cuando muestren indicios de tener suficiente solvencia económica, de que deberán pagar la asistencia letrada que se les facilite para su declaración ante los agentes y el juez y el proceso judicial subsiguiente.
De esta manera, se proporcionará un abogado de oficio a los detenidos que así lo soliciten, aunque deberán pagar los honorarios del letrado si se comprueba que sus ingresos anuales superan el doble del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), que este año se sitúa en 14.473 euros.
Por su parte, el Colegio de Abogados buscará un sistema que garantice el cobro a las personas que hayan abusado de la justicia gratuita, mediante una nueva aplicación informática que permitirá la gestión y control de pagos, así como el seguimiento de los procesos.
En este sentido, la presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, Silvia Giménez-Salinas, ha admitido que desde los colegios de letrados "no se ha puesto el énfasis" en la recuperación de los gastos invertidos en la asistencia de personas que no tenían derecho a la justicia gratuita, lo que propiciado casos de abusos.
El coste de un proceso judicial, en el caso de que el conductor infractor resulte imputado, ronda los 1.000 euros de promedio, según Tura, que ha opinado que no es "decente" que puedan beneficiarse de ese dinero público personas con solvencia suficiente.
La consellera ha admitido que son todavía pocos casos, pero "si todo el mundo detenido a las 4 de la mañana y que no recuerda el nombre de su abogado se acoge a la justicia gratuita", el abuso podría aumentar exponencialmente.
En los últimos cinco años, el número de solicitudes de abogados de oficio en las comisarías de policía ha aumentado casi el 50%, en la mayoría de casos debido a los delitos contra la seguridad del tráfico y, en menor medida, de violencia doméstica, ha puntualizado Giménez-Salinas.
Otra de las grandes novedades de los convenios firmados hoy es que, por primera vez, obligan a los letrados y procuradores a garantizar que los profesionales que presten asistencia jurídica gratis estarán capacitados para atender y actuar en catalán, si así lo elige el ciudadano.
La Generalitat destinará 59 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita durante este año, un 17,20% más que el pasado, incremento que en un 12,6% obedece al aumento de la demanda de asistencia y, el resto, a la actualización de tarifas de acuerdo con el IPC.
