El Consejo de Ministros aprobó una Declaración institucional del Gobierno contra la pena capital, coincidente con el Día Mundial contra la Pena de Muerte y el Día Europeo contra la Pena de Muerte que se celebran el 10 de octubre.
La promoción de la abolición de la pena de muerte es una prioridad de la política exterior de España en materia de derechos humanos. En este sentido, el documento reitera la oposición gubernamental a la pena de muerte en toda circunstancia y con independencia de la gravedad del crimen cometido.
España ha desarrollado un papel destacado y reconocido por otros Estados en la defensa de la abolición de la pena de muerte en foros internacionales, como la Unión Europea, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Mientras se consigue el objetivo de la abolición, se trabaja en la obtención de una moratoria universal: España realiza, junto con el resto de los Estados miembros de la UE y otros Estados abolicionistas, una labor de persuasión para conseguir que las resoluciones que cada dos años se votan en la Asamblea General de las Naciones Unidas (la más reciente, en diciembre de 2012) consigan cada vez un mayor apoyo de la comunidad internacional.
En los últimos años, además, la firme posición nacional en contra de la pena de muerte se ha plasmado en la creación y apoyo posterior a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, y en la celebración en Madrid del V Congreso Mundial contra la pena de muerte del 12 al 15 de junio de 2013.
