Propone que la Policía únicamente remita a los juzgados los atestados con autor conocido.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reclamado este miércoles en el Congreso de los Diputados una regulación «más detallada» del estatuto jurídico del imputado «con el fin de precisar las garantías» que han de rodear esta figura procesal.
Esta ha sido una de las propuestas realizadas por el principal representante del Ministerio Público durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, donde ha incidido en la necesidad de que se avance en la reforma procesal.
Ha indicado incluso que, "sin necesidad de esperar a que estos cambios procesales se produzcan" la realidad exige cada vez más" una potenciación de la actividad investigadora del Fiscal que le permita desplegar su estrategia procesal con eficacia y gestionar adecuadamente el procedimiento judicial"
En este contexto, ha reconocido que la actual estructura organizativa de las Fiscalías está encontrando dificultades para dar respuesta a aquellos supuestos "en los que la naturaleza del hecho delictivo y su complejidad exigen una mayor implicación del Fiscal en la investigación".
Según Torres-Dulce en los citados asuntos ahora debe dedicarse a uno o varios fiscales con exclusividad a la investigación de los hechos, "lo que provoca verdaderas disfunciones en el plano organizativo y no está proporcionando resultados satisfactorios" A los Fiscales les falta también asesoramiento técnico.
Para afrontar este problema, Torres-Dulce ha informado a los diputados de la Comisión de Justicia que se está trabajando con el Ministerio del Interior para dotar a todas las fiscalías provinciales de Unidades de Policía Judicial que les asistan en las labores de investigación.
"Esperamos poder hacer otro tanto en el Ministerio de Hacienda a fin de integrar en esas unidades de Investigación agentes tributarios y de la Intervención General del Estado", ha indicado el fiscal general del Estado.
En otro momento de su intervención, Torres-Dulce ha reclamado una regulación razonable del recurso de apelación contra las sentencias que resulten absolutorias
"La situación actual es sumamente insatisfactoria, pues en estos casos la apelación prácticamente ha quedado reducida a la revisión de la calificación jurídica de los hechos declarados probados en la instancia, sin que haya una posibilidad viable de obtener una revisión del material probatorio en la segunda instancia por las propias limitaciones que la vigente ley procesal impone", ha detallado.
Se necesitan más fiscales
Por otro lado, Torres-Dulce ha manifestado que de los problemas más acuciantes es la limitación de la plantilla del Ministerio Público, porque mientras a judicial se amplía y los fiscales siguen siendo los mismos.
Así, ha indicado que si atendemos a las plazas convocadas en las oposiciones celebradas desde 2011, mientras que las ofertadas para la Carrera Judicial han ascendido a 755, las de la Carrera Fiscal han sido únicamente 349.
En todo caso, Torres-Dulce ha apuntado que de nada sirve la ampliación de la plantilla judicial si los procedimientos están destinados a estancarse en unas Fiscalías que carecen de la necesaria dotación personal para despachar puntualmente los asuntos. "La Administración de Justicia no es sólo la Carrera Judicial", ha recordado a los parlamentarios.
Juicios de faltas
Al fiscal general del Estado también le resulta preocupante que las 326.883 asistencias del Fiscal a juicios de faltas representen el 66 por ciento del total de sus asistencias a juicio oral.
Además, el enjuiciamiento por el trámite inmediato no ha "aliviado" mucho el problema pues alcanzó un exiguo 9 por ciento, "rubricando el paradójico fracaso de un modelo de agilización que tan útil se muestra, en cambio, cuando se trata del enjuiciamiento rápido de delitos", según Torres-Dulce.
Para mejorar la eficacia de estos juicios rápidos Torres-Dulce propone, no obstante, suprimir e límite de cinco años de pena de cárcel asociada al delito que puede ser objeto de juicio rápidos, la reducción de las competencias del tribunal del jurado y extender los juicios de conformidad a penas superiores a los 3 años de cárcel.
Por otro lado, ha advertido de que la "masiva incoación de diligencias judiciales" -más de 4 millones de asuntos en 2913- responde a la automática remisión de la totalidad de los atestados desde la Policía a los Juzgados de Instrucción, lo que a su juicio resulta pernicioso.
"La solución podría ser sencilla, pues consistiría en una discreta reforma de la legislación procesal que dispusiera que en el caso de delitos que no afecten a bienes jurídicos personales o a intereses públicos relevantes, la Policía sólo remita los atestados en los que haya podido concretar la autoría del delito", ha propuesto Torres-Dulce, tras indicar que ha conocido por los medios de comunicación que ya se está trabajando sobre ese asunto.
Mayor autonomía del fiscal
Finalmente, Torres-Dulce ha incidido en la necesidad de revisar las funciones encomendadas al fiscal y reforzar su autonomía "como presupuesto de la imparcialidad de su actuación".
Igualmente, ha señalado que esta petición, enmarcada en el Libro Blanco de la Fiscalía, debe complementarse con un "reforzamientoo de la posición del fiscal general del Estado como órgano de dirección dotándole de mayores niveles de autonomía en su gestión", y la individualización de las partidas presupuestarias que corresponden a su departamento.
