El Consejo de Ministros analizó en su reunión de ayer el Informe Progreso 2020, que examina la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos en la Agenda 2030.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, subrayó que el documento presentado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, supone «una especie de rendición de cuentas ante el conjunto de la ciudadanía».
El informe recoge las medidas adoptadas por el Ejecutivo, por las comunidades autónomas y por las entidades locales durante los últimos doce meses, para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En él se incluyen medidas ya aprobadas, como la prohibición del despido por baja médica justificada y la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y otras impulsadas en las últimas semanas, como la Ley de Cambio Climático o Transición Energética.
El documento también incluye las actuaciones para paliar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus, entre las que Montero citó la prohibición del corte de suministros esenciales o suspensión de desahucios, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la prestación por cese de actividad para los autónomos o la regulación de los ERTE por fuerza mayor, algunas de ellas contempladas en el acuerdo de diálogo social.
María Jesús Montero resaltó que el informe constata que la salida a la crisis derivada del COVID-19 pasa por poner en funcionamiento políticas públicas que se alinean con la Agenda 2030. Esto significa, añadió, apostar por la inversión y por el blindaje de los servicios públicos como la sanidad, fortalecer el sistema de cuidados, básicamente dirigidos a las personas más vulnerables, o fortalecer la industrialización impulsando medidas como la universalización del acceso a la educación infantil de 0-3 años.
Tres acuerdos en materia de Justicia
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó tres asuntos en materia de Justicia:
- Real Decreto por el que se extiende la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras a los Partidos Judiciales de La Línea de La Concepción y de San Roque.
- Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de un servicio de prevención ajeno que valore el riesgo frente al COVID-19 al que se exponen los trabajadores especialmente sensibles al servicio de la Administración de Justicia, con un presupuesto de 143.630 euros, IVA incluido.
- Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de equipamiento para el servicio integrado para la gestión de salas de espera y de turnos en los registros civiles y oficinas judiciales, compatible con los servicios actuales, al objeto de gestionar la atención presencial del ciudadano y la prevención de riesgos frente a la COVID-19, por importe, IVA incluido, de 131.479,81 euros.
