- El artículo 11 del nuevo Reglamento establece que la accesibilidad cognitiva deberá permitir o facilitar el ejercicio efectivo, en condiciones de igualdad, del derecho a la justicia y a un proceso con todas las garantías
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado que el Gobierno haya regulado por primera vez a nivel estatal la figura del facilitador procesal, una herramienta destinada a garantizar que las personas con dificultades cognitivas puedan comprender y ser comprendidas en los procedimientos judiciales, ha informado el ICAM en un comunicado.
La nueva regulación entrará en vigor el 2 de enero de 2027 y consolida una figura que el ICAM lleva impulsando desde 2024 mediante formación especializada, listados de profesionales y jornadas de capacitación.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, norma que desarrolla la Ley 6/2022, de 31 de marzo, y que incorpora por primera vez de forma expresa dicha regulación estatal.
La aprobación del Reglamento supone para el Colegio «un importante avance en el reconocimiento normativo» de una figura que el ICAM viene «impulsando de manera decidida desde 2024, tanto desde la vertiente formativa como desde la institucional y profesional, con el objetivo de hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad y dificultades cognitivas a participar en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad«.
El artículo 11 del nuevo Reglamento, dedicado específicamente a la Administración de Justicia, establece que la accesibilidad cognitiva deberá permitir o facilitar el ejercicio efectivo, en condiciones de igualdad, del derecho a la justicia y a un proceso con todas las garantías.
La norma dispone además que las resoluciones y comunicaciones judiciales deberán presentarse en un formato comprensible y reconoce expresamente que la persona con dificultades cognitivas podrá estar asistida por un profesional experto que, «a modo de facilitador procesal», realice las tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona pueda entender y ser entendida.
El Reglamento añade una previsión de especial interés para la abogacía: las Oficinas Judiciales de los Tribunales de Instancia y los colegios profesionales de abogados y procuradores deberán contar con personal capacitado para prestar asistencia, apoyo y atención a las personas con dificultades cognitivas que lo soliciten en determinadas actuaciones ante la Administración de Justicia.
Del impulso pionero en Madrid a su reconocimiento estatal
La regulación estatal llega después de más de dos años de trabajo pionero en esta materia en la Comunidad de Madrid y en el propio ICAM.
En mayo de 2024, la Comunidad se convirtió en la primera autonomía española en formalizar jurídicamente este recurso a través del Decreto 52/2024, que reguló la prestación del servicio de expertos facilitadores para personas con discapacidad en las sedes judiciales madrileñas.
Ante la aparición de esta nueva figura profesional, el ICAM reaccionó de forma inmediata con una apuesta específica por la formación y especialización de la abogacía.
En septiembre de ese mismo año, el Colegio puso en marcha un curso pionero de experto facilitador, que agotó sus plazas en tiempo récord y fue diseñado precisamente para proporcionar a los profesionales la capacitación necesaria para ejercer esta función y acceder al turno de peritos judiciales facilitadores de la Comunidad de Madrid.
El compromiso del Colegio no se limitó a la formación inicial. En enero de 2025, tras regularse el sistema de designación de expertos facilitadores dentro del Protocolo de Asignación de Peritos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ICAM creó un mecanismo específico para que los profesionales pudieran incorporarse a los listados correspondientes.
El ICAM anticipó también el debate sobre su encaje procesal Paralelamente a la formación de profesionales, el Colegio ha promovido durante estos años el análisis jurídico de una figura cuya implantación práctica avanzaba más rápidamente que su regulación estatal.
En mayo de 2025, la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM organizó una jornada específica sobre la necesidad de actuación del experto facilitador procesal. El encuentro puso el acento en su papel como instrumento para garantizar el acceso efectivo a la justicia de personas con discapacidad, personas mayores y personas con dificultades de comprensión, y abordó también la necesidad de avanzar hacia una regulación más homogénea de esta figura.
En abril de 2026, la Sección de Derecho Laboral y Sindical y la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM organizaron conjuntamente la jornada «La figura del facilitador judicial en la Jurisdicción Social», dedicada a explicar su utilidad práctica para que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender e intervenir adecuadamente en los procedimientos laborales.
