- El Colegio facilita un modelo para que los letrados afectados puedan reclamar los perjuicios ocasionados por vistas suspendidas sin previo aviso
- La iniciativa responde al deber de proteger el ejercicio profesional ante una huelga no reconocida por el CGPJ
- El decano Eugenio Ribón defiende la independencia judicial, pero exige garantías para el trabajo de la abogacía
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto a disposición de todos sus colegiados un modelo de reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial frente al Ministerio de Justicia, con el objetivo de que puedan solicitar la indemnización correspondiente por los perjuicios sufridos como consecuencia de la suspensión de señalamientos judiciales los días 1, 2 y 3 de julio, debido a la huelga convocada por diversas asociaciones judiciales y fiscales.
El Consejo General del Poder Judicial ha declarado que no reconoce la legitimidad de esta huelga, lo que ha generado una situación de inseguridad jurídica y ha afectado directamente al normal desarrollo de la actividad profesional de muchos abogados y abogadas.
El modelo de reclamación, que puede descargarse desde la página web del Colegio o solicitarse en cualquiera de las salas de togas, está basado en el artículo 106.2 de la Constitución Española, así como en la Ley 40/2015 y la Ley 39/2015, y permite reclamar por los perjuicios económicos derivados de desplazamientos, alojamiento y reorganización de agendas, entre otros conceptos.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha recordado que “la abogacía comparte las causas que han motivado esta protesta, en defensa del Estado de derecho y la independencia judicial, pilares fundamentales de toda democracia”. Sin embargo, ha subrayado que “también es nuestra responsabilidad velar por el correcto ejercicio de la profesión y proteger a quienes sufren directamente las consecuencias de la suspensión de vistas sin previo aviso”.
Con esta iniciativa, el ICAM refuerza su compromiso con la defensa de los derechos de la abogacía madrileña y con la exigencia de una Justicia más organizada, previsible y respetuosa con todos los operadores jurídicos.
