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08/08/2020. 16:27:48

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El ministro de Justicia destaca la contribución de la reforma de la LECrim a la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales

MJ

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado este lunes la intensa actividad normativa desarrollada en la X legislatura.

Rafael Catalá

Más de doscientas cuarenta leyes aprobadas, entre ellas, algunas tan importantes en el ámbito jurídico como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como otras nuevas disposiciones como la Ley de Jurisdicción Voluntaria o el Estatuto de la Víctima.  ​

El ministro ha señalado que el motor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha sido la necesidad de adaptar la norma a los nuevos tiempos y a la legislación europea. Como principales aspectos que impulsa, Catalá ha destacado la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y las medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. 

En cuanto a la agilización de la justicia penal, los cambios introducidos  en la LECrim a través de la limitación de los plazos de instrucción de los procedimientos y del establecimiento de la regla general de "un delito, una causa", pondrá fin a los macroprocesos por acumulación de causas. Además, el ministro ha recordado que, ahora, los atestados sin autor conocido, que suponen el 40% de los asuntos que llegan a los juzgados, se conservan en poder de la Policía hasta orden del juez, lo que contribuye a reducir su carga burocrática.

Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha procurado también el fortalecimiento de las garantías procesales y de la seguridad jurídica, tanto desde el punto de vista de la persona investigada como en lo referente a las medidas de investigación tecnológica. 

Rafael Catalá ha señalado como otro de los principales logros de la reforma la mejora de la eficacia de los procedimientos de recuperación de activos derivados de actividades delictivas. En concreto, se regula un proceso de decomiso autónomo que permite actuar contra todo el patrimonio del penado, y se ha creado la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para obtener de los bienes embargados y decomisados el mayor beneficio posible.

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