El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad, menos una abstención, una Proposición no de Ley que solicita al Gobierno continuar mejorando las políticas y acciones necesarias para asistir a presos españoles en países extracomunitarios y agilizar su traslado a prisiones españolas donde puedan garantizarse condiciones adecuadas de internamiento.
La Proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuantifica que hay 2.184 presos españoles que cumplen condena en el extranjero. Un 55 % de ellos está en países de Iberoamérica, un 37 % en países europeos y un 6 % en África, mientras que el 2 % restante se encuentra preso en otros países del mundo. Más del 80 % del total se halla en prisión por posesión ilícita o tráfico de estupefacientes.
El diputado popular Pedro Gómez de la Serna ha clarificado que se deben cumplir sus condenas, pero no necesariamente en medio de "situaciones lacerantes" como las que se viven en gran número de cárceles donde cumplen condena estos españoles, donde "en vez de entrar en cárceles entran en verdaderos infiernos".
Se ha pedido al Gobierno que continúe mejorando las políticas y acciones necesarias para asistir a presos españoles en terceros países y continuar agilizando su traslado a prisiones españolas donde puedan garantizarse condiciones adecuadas de internamiento.
España es parte del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, realizado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983; y ha firmado y están actualmente en vigor (o en aplicación provisional) más de treinta acuerdos bilaterales que regulan el traslado de personas condenadas. Las oficinas consulares asisten a los españoles condenados en el extranjero en la solicitud del traslado a España para el cumplimiento de la condena impuesta, en el marco de los tratados internacionales existentes. La labor de los servicios consulares trata de paliar, en la medida de lo posible, las condiciones no siempre adecuadas en las que cumplen condena nuestros ciudadanos en el exterior, atendiendo a los presos españoles desde el momento de la comunicación de su detención.
La asistencia que se lleva a cabo puede ser económica, en caso de necesidad, pudiendo alcanzar como máximo los 120 euros mensuales, así como no económica. El objeto de estas ayudas es paliar la situación de precariedad de aquellos países en los que los centros penitenciarios tengan condiciones inferiores a las de España, principalmente en lo relativo a salubridad, necesidades personales y alimentos.