(EP).- El Partido Popular rechazó ayer en el Congreso de los Diputados una propuesta de resolución planteada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para derogar de inmediato las polémicas tasas judiciales y paralizar el proceso de «privatización» del Registro Civil.
La propuesta de resolución de la coalición de izquierdas, defendida en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, exigía preservar el "carácter público y gratuito" de un servicio fundamental como son los registros civiles.
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), los 'populares' se han retratado en esta votación y el ministro Alberto Ruiz-Gallardón debe de ofrecer una "explicación urgente" a los ciudadanos, que "tendrán que pagar por un servicio que hasta ahora era público y a los 3.500 trabajadores de los registros que desconocen su futuro profesional".
CSI-F, sindicato mayoritario en el sector Justicia, ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, eludió responder sobre esta cuestión cuando fue preguntado por el portavoz de ICV. "Sin embargo, hoy hemos comprobado que la privatización ya está decidida, como nos temíamos", ha añadido en un comunicado.
Los funcionarios de los Registros Civiles se concentraron en la mañana de ayer para defender el carácter público de este servicio y mostrar su oposición a entregarlo a los Registradores. Los sindicatos han convocado manifestaciones todos los jueves para evitar que esta idea llegue al Consejo de Ministros.
