El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de pleno derecho de la segunda partida por importe 1,3 millones de euros entregados a las asociaciones pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios para la defensa de los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa, según la sentencia de 29 de enero de 2008 hecha pública ayer.
Las asociaciones tendrán ahora que devolver los importes recibidos "ilegalmente", ya que el Alto Tribunal considera que la Ley General de Subvenciones 38/2008 "prohíbe subvencionar los gastos de procedimientos judiciales", cuya cobertura gratuita fue ofertada por las asociaciones e incluida expresamente en el artículo 3 del Real Decreto.
Esta partida de subvenciones fue abonada por el Instituto Nacional de Consumo el pasado mes de marzo, y corresponde al segundo y último plazo de asignaciones concedidas a los perjudicados por valor de 2 millones de euros y aprobadas por el trámite de urgencia en el Real Decreto 613/2006 de 19 de mayo, diez días después de la intervención judicial de las filatélicas.
Los 2 millones de euros concedidos en total estaban repartidos en una primera partida de 700.000 destinados al asesoramiento, la gestión documental y la atención telefónica y una segunda de 1,3 millones destinados a la representación y defensa judicial de los perjudicados.
El Alto Tribunal considera que en la primera partida de 700.000 euros concedida a las asociaciones ya estaba incluida la financiación de los gastos de asesoramiento jurídico a los afectados por las presuntas estafas.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo estima así "en parte" el recurso presentado por la asociación Ausbanc contra el Real Decreto 613/2006 de 19 de mayo de 2006, que aprobó subvenciones por valor de 2 millones de euros y anula parte del artículo 3 del Real Decreto donde figuraba la segunda partida destinada a "la representación y defensa judicial de los afectados", según el artículo.
Las ocho agrupaciones beneficiadas que tendrán que devolver el dinero concedido son Adicae (526.205 euros), OCU (237.190), UCE (153.551 euros), Fuci (121.894 euros), Asgeco (82.537 euros), Cecu (69.833 euros), Ceaccu (64.404 euros) y Unae (44.382 euros). Los importes estaban distribuidos en función del número de afectados que representaba cada una de las asociaciones.
Estas dotaciones, destinadas al asesoramiento, gestión documental, así como a la representación y defensa judicial de los perjudicados, se realizaron con cargo a la consignación presupuestaria de 2006 del Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, que ascendió a más de 26 millones de euros.