El Tribunal Supremo admitió a trámite una demanda de 18 jueces sustitutos y magistrados suplentes contra el Consejo General del poder Judicial. Los demandantes se consideran víctimas de una «grave vulneración de derechos laborales y de discriminación» por no poder acceder a las plazas debido a una nueva ley.
Según ha informado el Col·lectiu Ronda de abogados en un comunicado, los demandantes denuncian que una gran mayoría de los casi 1.000 jueces de todo el Estado "acumulan más de un año y medio sin trabajar, muchos de ellos con la prestación por desempleo agotada y con la prohibición de ejercer ninguna otra profesión que no sea la docencia".
Además, en cumplimiento de la ley elaborada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y aprobada en diciembre de 2012, que insta de forma obligatoria a los jueces titulares o indefinidos a cubrir las bajas, permisos y excedencias de sus compañeros, "complica la posibilidad de que estos jueces puedan acceder a la sustitución, ya que deben fallar los titulares o indefinidos para conseguir la plaza", han aclarado fuentes del colectivo a Europa Press.
"En el momento de aprobarse la ley, había 1.500 jueces sustitutos y hoy, -incide el colectivo-, sólo quedan 1.000; el resto ha renunciado a su plaza, por no tener ingresos a la espera de trabajo, lo que supone la imposibilidad de volver a ejercer en el futuro y no recibir ningún tipo de indemnización", pese a que en casos la antigüedad acumulada de estos jueces superaba los 10 años.
El colectivo recuerda que España está muy por debajo de la ratio de jueces profesionales en relación a la población, estando la media de la UE en 28,5 jueces por cada 100.000 habitantes y la española, con la práctica desaparición de los sustitutos y suplentes queda en un "ridículo" 10,2 jueces por habitante.
