La efectiva puesta en marcha de la Oficina Judicial trasformaría el gran problema de la Justicia en uno de bastante menor entidad. Desde hace tiempo –más o menos coincidente con la huelga el año pasado de los Secretarios Judiciales-, la Oficina es uno de los argumentos de la discordia cuando se habla de mejora y modernización, sobre todo porque implicaría un menor control del juez en su sede. Se incline hacia donde se incline la balanza, es claro que la ciudadanía sería la gran beneficiada del nuevo ente. En medio del barullo legal y organizativo, la Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha dos experiencias piloto de Oficinas Judiciales para enero de 2010, aparte de homogeneizar los sistemas informáticos.
En la reunión celebrada el jueves, que reseñamos en Legal Today, se pusieron en común unos principios y directrices que la Comunidad de Madrid no esperará más para aplicar.
Tras un acuerdo que se debe producir entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial, dicha Autonomía implantará la Oficina en dos sedes, para ir analizando cómo desarrolla sus funciones.
Francisco Granados, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha asegurado que el Ministerio está a favor de aceptar la petición de Madrid de llevar a cabo la transferencia de la gestión del personal funcionario de Justicia, para erradicar la interinidad de estos trabajadores; que en el caso de Madrid alcanza a más de la cuarta parte del personal. Tras ello, la Comunidad madrileña podrá, aparte de financiar las plazas de funcionarios, convocar las ofertas públicas de empleo, una competencia que, en principio, corresponde en exclusiva al Ministerio de Justicia.
Todo ello se da pocos días después de que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobase por unanimidad la reforma de quince leyes procesales, reforma que anunciamos en Legal Today a finales del año pasado.
La Comisión aprobó también el informe de la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria, que incluye preceptos que implican modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se tramita de forma separada. Estas otras modificaciones se cree que se aprobarán pasado mañana.
Entre las reformas a las que ya se les ha dado el visto bueno figura la nueva regulación del señalamiento de las vistas, atribuido a los Secretarios Judiciales, contando con los criterios que marque el titular del órgano judicial correspondiente.
Las nuevas disposiciones norman, además, la grabación de las vistas en cualquier orden jurisdiccional; y no únicamente en el civil, como ocurría hasta ahora. Otras reformas aprobadas hacen incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de procurador y abogado. Además, se permitirá a los Graduados Sociales interponer recursos de súplica ante el Tribunal Supremo sin la intervención preceptiva de un abogado.
