El 11 de enero, de la mano de Aranzadi, se celebró una nueva edición del Club de los Miércoles, que giró en torno a la Doctrina del Tribunal Supremo emitida en 2022 sobre Función Pública, Extranjería, Responsabilidad patrimonial y Proceso contencioso-administrativo.
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Moderado por Mikel Iriarte López, responsable de Jurisprudencia de Aranzadi, contó con tres ponentes de reconocido prestigio:
- Alberto Palomar Olmeda. Abogado. Socio de BROSETA. Magistrado (ev). Profesor Titular (a) de Derecho administrativo en la Universidad Carlos III.
- F. Javier Fuertes López. Magistrado y Doctor en Derecho.
- José Vicente Mediavilla Cabo. Magistrado. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Sala III).
Se abordaron asuntos de empleo público y extranjería, en un evento que gozó de gran dinamismo y que contó con la intervención de los asistentes.
EMPLEO PÚBLICO
- F. Javier Fuertes López. Magistrado y Doctor en Derecho. La jurisdicción social si se introduce en la función pública genera una duda: ¿podemos convertir a funcionarios interinos en personal laboral? A este respecto, la sala Tercera y la Sala Cuarta no está desacompasada.
- Alberto Palomar Olmeda. Abogado. Socio de BROSETA. Magistrado (ev). Profesor Titular (a) de Derecho administrativo en la Universidad Carlos III. Estamos en un momento problemático; me preocupa que la respuesta del legislador y del gestor ha sido que lo que hay que hacer es dulcificar las oposiciones; eso no es bueno ni malo, pero estamos creando empleo de menor calidad. El Supremo lo que dice es que no hace gestión; tenemos que llegar a la conclusión de qué es y qué no es función pública, no empleo público.
- José Vicente Mediavilla Cabo. Magistrado. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Sala III). Como exconsejero de presidencia de una CCAA creo que el problema es la tasa tan elevada de empleo temporal o interinidad al que hemos asistido en las administraciones públicas y de repente nos ha venido a Directiva 1999/70 y la jurisprudencia del Supremo. Es una carrera a largo plazo, pero cuando se intentan dar pasos hacia una administración más abierta y flexible, te encuentras con mecanismos que no están adaptados a ese sistema más flexible, lo que hace muy difícil gestionar la gestión pública. Hasta que alguien no coja el toro por los cuernos va a ser muy difícil ir avanzando en la mejora del empleo público. La solución que se aporta con la Ley 20/2021 nos está llevando de nuevo a la judicialización de los procesos. Ante situaciones de interinos de 20 años, lo que hace el Supremo es reconocer el abuso. Lo que se avecina es más judicialización cuando la solución tiene que venir de un acuerdo marco liderado por la Administración general del Estado. Si el ciudadano supiera el tiempo y esfuerzos que la administración dedica a sus problemas laborales internos no se lo creería.
EXTRANJERÍA
- Fuertes: En materia de extranjería hay dos problemas en materia de expulsión; qué circunstancias deben concurrir y el supuesto de quien pide asilo político, cuando el 99% de las solicitudes se deniegan, pero el atasco es tal que estas personas por el tiempo transcurrido acaban reuniendo los requisitos
- Palomar: estoy convencido de que en materia de extranjería estamos ante un problema de gestión y por eso el Tribunal de DDHH alega que la persona no tiene la culpa de que no se resuelva su expediente en plazo
- Mediavilla: aún no ha llegado este problema al Supremo. En muchas ocasiones he tenido serias dudas de qué resolución adoptar sobre si validar la orden de expulsión, ya que la mayoría de los supuestos eran supuesto frontera con relación a los criterios de Tribunal Supremo.
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